Comunitarios, maestros, militares y una empleada pública operaban al servicio de una cartel
La coordinación del trasiego de droga vía aérea iniciaba con una llamada por WhatsApp, avisando a integrantes de la estructura criminal que operaba en Guatemala, del aterrizaje de una aeronave con cocaína.
Las llamadas a los municipios donde podría aterrizar comenzaban y el enlace eran maestros y lideres comunitarios que ponían en alerta a los pobladores para colocar obstáculos en los caminos de terracería y así, impedir el paso de miembros del Ejército y Policía Nacional Civil, señalan la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP).
Las pesquisas demuestran que cada poblador recibía entre Q500 y mil quetzales por detener el operativo en carretera, mientras que los narcotraficantes descargaban la avioneta y trasladaban la droga en pickup.
“Se evidenció inclusive como había varios profesores que estan colaborando con esas estructuras y su rol era convocar a gente para que bloquearan los espacios. Nosotros sabíamos que, cuando habían señales de diferentes bloqueos en comunidades era para garantizarla recepción de la aeronave –con cocaína-”, argumentó el MP.
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Agregó que los coordinadores de la estructura delictiva buscaban a personas que tuvieran influenza en las comunidades, entre ellos maestros e integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) para llevar la droga de Guatemala a México.
Señaló que, un pago similar les daban a los “cargadores”, comunitarios que llevaban los ilícitos a los vehículos y resguardaban “en un lugar seguro”, mientras se realizaba el operativo.
Militares implicados
La banda criminal estableció enlaces en las fuerzas de seguridad para poder evitar que los cargamentos de droga fueran incautados, afirman las investigaciones.
El MP comentó que Carlos Enrique Durán Cáceres, mayor de Aviación, tenía acceso a los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca y junto al capitán del Ejército Ángel Eliberto Vargas Urizar y el teniente Walter Vinicio Contreras Munguía, presuntamente daban indicaciones falsas de donde aterrizaría la narcoaeronave o avisaban a los integrantes de la estructura para cambiar de destino para evitar que la droga fuera decomisada.
“Esta estructura trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ellos recibían la droga principalmente en Petén, lugar donde había pistas clandestinas”, detalla la fiscalía.
Comentó que los tres militares y los miembros de la estructura se prestaban para a retrasar las actividades de las fuerzas de seguridad.
“Trasladaban la información de manera tardía, desviando los equipos a lugares donde se había hacer la recepción -de droga-”, enfatizó el MP.
Además, resaltó que Durán Cáceres, mayor de Aviación, tenía un cargo importante en la Fuerza Aérea, era una de las personas encargada del avistamiento, recepción o coordinación de los radares.
“Esta persona al conocer información tan sensible de las posiciones de las aeronaves que iban ingresando a Guatemala, se prestaba a través de un beneficio económico a retrasar las actividades de las fuerzas de seguridad”, dijo el ente investigador.
Junto a los tres militares fueron capturadas otras 10 personas, implicadas en el caso “Triangulo Criminal”.
Investigación
La fiscalía afirmó que interceptaron llamadas telefónicas te los implicados en el caso, que evidenciaron como operaban y la participación de cada uno de los militares.
Enfatizó que el capitán del Ejército Ángel Eliberto Vargas Urizar y el teniente Walter Vinicio Contreras Munguía, tenían a su cargo la movilización de equipos de tierra en el área sur y norte del país, para interceptar la droga, pero estos se aprovechaban de sus puestos para colaborar con la estructura.
Brenda Beatriz Barillas Barrios trabajó como asesora del diputado electo por el partido Bien, Gustavo Cruz y colaboraba con la banda criminal dedicada al trasiego de droga junto a los militares, maestros y lideres comunitarios, detalla el MP.
Barillas Barrios tenía una finca con una pista de aterrizaje en Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. “Esta finca era legal, pero logramos evidenciar que era alquilada para propósitos ilegales”, argumentó el ente investigador.
La fiscalía comentó que Barillas Barrios coordinó el aterrizaje de una aeronave que tenía un reporte de robo en El Salvador y aterrizó en su finca.
“Posteriormente que saliera de Guatemala y que fuera reportada de forma simulada robada, fuera llevada a su pista, para que le hicieran diferentes modificaciones que ellos le llaman trabajos de alargamiento y negrear la aeronave, que es para perderle el rastro de la aeronave”, afirmó el fiscal.
El caso denominado por el MP como “Triangulo Criminal” y 13 implicados en la primera fase, entre ellos los tres militares, comparecerán ante Tribunal Undécimo de Sentencia Pena el 13 de febrero de 2025. Los jueces decidirán si son enviados a juicio por los hechos que los acusa el MP.
