La nueva PNC podría tener dificultades financieras, legales y constitucionales
La nueva Ley de la PNC podría tener dificultades financieras, legales y constitucionales, advertía en un comunicado la Coalición por la Seguridad Ciudadana hace unos días.
La Coalición, conformada por organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial organizado, aconsejaba no aprobar la iniciativa 6015 y sus reformas por los problemas para su cumplimiento, incluidas modificaciones presupuestarias.
Impacto económico
La nueva Ley de la PNC otorga varios beneficios económicos, entre ellos un bono anual de Q6 mil para cada miembro de la institución. Tomando en cuenta que la fuerza policial la conforman unos 40 mil agentes, en promedio, significa un impacto directo y automático de Q240 millones más para el plan de gastos anual de la institución.
De acuerdo con el análisis de la Coalición, no se identifica la fuente de financiamiento y se incumple con en el artículo 240 de la Constitución Política, el cuál entre otros aspectos, dice que el manejo de los recursos financieros del Estado debe estar basado en un presupuesto que sea aprobado por el Congreso de la República.
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Además, se contempla un aumento automático al sueldo de los Policías cada dos años para paliar los efectos inflacionarios, a través de un escalafón que crece de acuerdo con el grado que tengan dentro de la institución sin exigir algún mérito por su trabajo.
“No necesita competir, no se necesita calificación, nada, solo va subiendo. Creemos que es un tema que debería de analizar el Congreso para saber cuál será el impacto presupuestario”, advierte Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), una de las entidades que integran la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
Quezada no se aparta de que la reforma busca dignificar la labor del personal, sin embargo, cree que se debió analizar más a fondo los cambios antes de aprobarlos de urgencia nacional.
Sobre el bono anual, Quezada advierte que “se es otro impacto presupuestario injusto, porque a la mayoría de la población no le elevan su salario conforme a la inflación”.
En octubre último, la Alianza por un Congreso Eficiente también elaboró un análisis en el que se expuso las razones por las que no es aconsejable aprobar las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil (PNC).
La alianza conformada por Guatemala Visible, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y la entidad civil, Fíjate Bien, se pronunciaron al indicar que la iniciativa de ley, dictaminada favorablemente por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, busca que se reemplace por completo la ley de la PNC, mediante 90 artículos, sin contemplar medidas de transición.
Las prestaciones laborales para el personal policial aumentarían y contarían con alimentación, hospedaje, asistencia social, escalafón, defensoría social prioritaria, tratamiento médico para la familia, seguro de vida, uniformes, salarios para detenidos y 30 días de vacaciones, entre otros. El análisis dice que dichas prestaciones son aspiracionales y superan la disposición de la ley de servicio civil.
“Su implementación tendría un impacto financiero considerable en el presupuesto público”, afirmaron.
Agregaron: “Un tema preocupante es el escalafón policial, en los artículos 50 y 51 que se define como un aumento automático del cinco por ciento cada dos años sobre el salario líquido de los efectivos, lo cual podría afectar financieramente”.
Impacto legal
La posición de la Coalición por la Seguridad Ciudadana ve en la reforma a la PNC un desafío mayúsculo para el Ministerio de Gobernación, que deberá emitir más de 20 reglamentos para cumplir con los cambios aprobados, lo que significa una sobrecarga para la cartera y la propia Policía, lo cual pone en riesgo su operatividad.
Según el comunicado de dicha coalición, algunos artículos contradicen normas vigentes, como las leyes de Tránsito, Contra la Delincuencia Organizada y el Código Municipal.
La Coalición había solicitado públicamente que antes de aprobar los cambios, y previendo que podría haber un problema legal, se debía abrir un diálogo con expertos en seguridad, Derecho y administración pública para asegurar la solidez del marco legal.
Quezada, del CIEN, dice que se crearía monopolio en la PNC, en el sentido que se les otorga poder total en cuanto a seguridad, lo que rivaliza con las funciones de las policías municipales y de tránsito.
Las reformas establecen que si un agente ultima a una persona en el cumplimiento de su deber no puede ser detenido. Sin embargo, a decir del analista, esta disposición es “peligrosa”, en el sentido que no dice quién determinará si fue o no en cumplimiento de su deber.
“Hay que protegerlos, pero eso lo tiene que determinar un juez, pero en las reformas no se define quién lo determina”, advierte.
La Alianza por un Congreso Eficiente expresó en su último análisis que resulta “preocupante” si se aprueban las reformas, debido a la amplitud organizativa, logística, regulatoria y sobre todo presupuestaria que conllevan.
La reforma determina que la PNC será la única institución policial del Estado. En el documento emitido por las organizaciones se indica que esto implicaría un monopolio en el uso del término “policial” y contrastará con una policía militar ambulante.
Según el análisis, decir que la PNC es la institución responsable de garantizar la seguridad pública puede implicar un desplazamiento de las demás fuerzas de seguridad.
Se norma que la PNC tenga competencia para investigar la comisión de delitos y faltas, lo que generaría descoordinación, conflicto y duplicará las atribuciones de la Dirección General de Investigación Criminal.
También reiteraron que en el artículo 14 de las reformas se estipula que ningún otro ente del estado, autónomo, semiautónomo o descentralizado, puede ejercer funciones exclusivas de la PNC.
En ese sentido, expusieron que hay riesgo de la autonomía municipal, si estas se subordinan ante la PNC, como lo establecen las reformas, en el contexto de que la institución policial colaborará para investigar faltas o delitos “Se generaría tensiones entre las diferentes autoridades de seguridad”, afirmaron.
