El reciente incremento salarial para los diputados del Congreso de Guatemala ha desencadenado una tormenta política que expone la fragilidad de la representación popular en el país. El caso más sonado es la expulsión de los diputados Randy Coc y Sandra Milián, de Alta Verapaz, del partido Victoria. Según declaraciones del secretario general del partido, Amílcar Rivera, ambos legisladores fueron apartados de la bancada tras votar a favor del controvertido aumento, una decisión que ha sido duramente criticada por sectores sociales.
Totonicapán en el Ojo del Huracán
En el departamento de Totonicapán, el diputado Jorge Mario Ordoñez Cabrera se ha convertido en el centro del debate. Ordoñez, quien llegó al Congreso con apenas nueve meses en el cargo tras haber sido Gobernador Departamental en el gobierno de Giammattei, también apoyó el aumento. Su salario pasó de Q29,150 a Q46,700, una cifra que contrasta brutalmente con las condiciones de pobreza, desnutrición y desempleo que enfrenta la población guatemalteca.
El historial de Ordoñez no pasa desapercibido. En 2019, intentó sin éxito ganar una curul en el Congreso. Fue hasta su nombramiento como Gobernador Departamental que empezó a construir su camino hacia el Legislativo, un camino ahora marcado por el escándalo.
¿Quién Representa al Pueblo?
El aumento salarial, justificado por algunos como un “ajuste necesario”, ha sido interpretado por la ciudadanía como una burla en un país donde la mayoría lucha por sobrevivir con ingresos mínimos. Organizaciones civiles y líderes comunitarios han manifestado su indignación, señalando que este tipo de decisiones perpetúan la desconfianza en las instituciones públicas.
La postura del partido Victoria al expulsar a Coc y Milián evidencia una grieta interna, pero también deja entrever un intento de salvar la imagen de la organización política ante un electorado indignado. Sin embargo, acciones similares no se han replicado en otras bancadas, lo que refuerza la percepción de impunidad en el Congreso.
Reflexión Final
Guatemala enfrenta desafíos estructurales profundos. La pobreza, la desnutrición crónica y la falta de empleo requieren de representantes comprometidos con el bienestar colectivo, no de decisiones que prioricen intereses individuales. Los casos de Randy Coc, Sandra Milián y Jorge Mario Ordoñez Cabrera son un recordatorio de la desconexión entre los intereses de algunos políticos y las necesidades urgentes del pueblo. ¿Qué sigue? La ciudadanía demanda responsabilidad y transparencia; dependerá de los guatemaltecos exigir una rendición de cuentas real en los próximos meses.
La historia no termina aquí.