Gobierno crea nuevo gabinete que incluye a la fiscal General, Consuelo Porras
Por medio de un acuerdo gubernativo, se creó el gabinete específico para la coordinación y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos. El objeto es coordinar el diseño y gestión de políticas para observar el respeto a los derechos humanos.
Las acciones y políticas deben de ser formuladas para que más de un ministerio las ejecute y serán presentadas al presidente, Bernardo Arévalo. La vigencia del acuerdo es de tres años, es decir cuando el gobierno finalice el periodo.
El Gabinete será presidido por la vicepresidenta, Karin Herrera, y es integrado por los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo. También el Secretario General, Secretario de Planificación y Programación y el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
El acuerdo establece además que en las reuniones ordinarias o extraordinarias del gabinete participará la fiscal general del Ministerio Público (MP) por invitación del presidente Arévalo.
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“Rendir informe al presidente de la República, por conducto del secretario técnico, sobre los avances y resultados del Gabinete Específico dentro de los 15 días posteriores a cada sesión ordinaria o extraordinaria”, señala el acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica.
El secretario técnico es el director de la Copadeh quien deberá de elaborar y proponer el plan de trabajo ante el gabinete. Las sesiones ordinarias serán dos veces al año.
Además pueden integrarse por invitación la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos o demás funcionarios titulares de entidades afines al cumplimiento de los derechos humanos. También Secretarías, Consejos, sector privado, universidades y sociedad civil.
Rendición de cuentas
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó realizar “un examen independiente del funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos” debido a la preocupación por la cantidad de personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales.
La recomendación se realizó como parte del informe preliminar al final de una visita de cinco días a Guatemala por el debilitamiento de la democracia en el país.
