Departamento del Tesoro mantiene sanción a Miguel Martínez
El exjefe del Centro de Gobierno, durante la administración de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, mantiene la pugna legal en Estados Unidos para que su sanción sea removida. Fue en diciembre del 2023 cuando el Departamento del Tesoro dio a conocer que Martínez había sido incluido en la lista de sancionados.
En septiembre pasado, el exfuncionario acudió a una corte del Distrito de Columbia para declarar que su permanencia en la lista es ilegal. El pasado 23 de diciembre finalizó el plazo para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) respondiera a los argumentos de la defensa del guatemalteco.
El documento presentado por Brian Boynton, fiscal general adjunto principal —que defiende a la Ofac—, argumenta que la sanción de Martínez no es responde a la Ley Global Magnitsky, sino a la orden ejecutiva 13,813, bloqueo de propiedades de personas involucradas en serios abusos de derechos humanos o corrupción.
La sanción a la que se hace referencia surgió a la vida legal en el 2017 por decisión de Donald Trump, quien estaba en su primer período en la presidencia estadounidense. Esta prohíbe cualquier tipo de movimiento o negociación de los bienes e intereses que estén en Estados Unidos en posesión o control de los señalados bajo esa lista.
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Cuando se estableció, Trump clarificó que la sanción surgió debido a los actos en contra de los derechos humanos por parte de 13 personas de todo el mundo, entre los que se encontraba el exdiputado Julio Antonio Juárez Ramírez. En ese contexto, se le señalaba de haber estado involucrado en el asesinato del periodista Danilo López en el 2015.
Petición de Martínez
La demanda de Martínez va dirigida contra la Ofac, la directora de esa oficina, Andrea Gacki, y la secretaria, Janet Yellen. En ella solicita que la corte declare que es ilegal estar incluido en la lista y pide a la oficina que sea retirado, además de que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez.
El exfuncionario describe por medio de su abogado, Alexei Schacht, que se ha solicitado por la vía administrativa su remoción, sin lograrlo. Martínez alega que la sanción los ha afectado a él y a sus familiares, además de que la agencia ha retrasado las acciones, por no contar con pruebas en su contra.
Cuando fue sancionado, se le señaló de influir en los contratos estatales para beneficiarse junto con otras personas cercanas, así como de haber coludido con otros integrantes del Gobierno para, ilegalmente, favorecer a algunos proveedores, lejos del procedimiento legal.
Además, se le señala de haber pedido sobornos para facilitar las negociaciones en la compra de las vacunas Sputnik. Martínez sostiene en la demanda que, por no poder acceder al sistema global financiero, se han causado daños “irreparables de reputación y financieros” a su familia, aunque la agencia se limita a informar que no tienen pruebas de ese extremo, por lo que no responden directamente.
Como parte del proceso administrativo que siguió, según los documentos legales, el 4 de diciembre del 2023, Martínez envió una carta al subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera de Estados Unidos del Departamento del Tesoro (TFI, en inglés), Brian Nelson, para que le fueran retiradas las sanciones. Este refiere como antecedente que tal oficina no albergaba a la Ofac, sino más bien la TFI supervisa varias oficinas, entre esas la Ofac.
Pruebas
La demanda de Martínez justifica como prueba que el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, aseguraron que no tenían señalamientos directos ni pruebas de su vinculación en la compra de las vacunas Sputnik.
También se incluyó, como parte de las pruebas, una entrevista que la exministra de Salud Amelia Flores dio a medios de comunicación, quien estaba en el cargo cuando se efectuó la compra de las vacunas. En las declaraciones, Flores no vinculó a Martínez en la negociación.
“Aparenta que Estados Unidos no tiene pruebas creíbles y reales de que Martínez ha violado la ley, pero está envuelto en una persecución política en su contra”, se lee en la demanda original planteada por el abogado defensor.
El abogado de Martínez también afirmó que, en su calidad de defensor, ha solicitado información sobre la permanencia del guatemalteco en la lista, además de pruebas, pero aseguró que no ha recibido respuestas por escrito que justifiquen la decisión de EE. UU.
