¿Investiga el MP de nuevo a las Juntas Electorales? Esto responde comunicación
Foto La Hora/ Roberto Altán
La Hora preguntó al Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, si las Juntas Electorales Departamentales y Municipales se encuentran bajo investigación ante la tesis expuesta por el fiscal Rafael Curruchiche de que las elecciones generales 2023, que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo, deberían ser declaradas “nulas de pleno derecho” por supuestas anomalías en las actas.
Desde julio de 2023, la Fiscalía de Delitos Electorales requirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) información detallada sobre los resultados de todas las boletas utilizadas en los comicios. Además, solicitó los nombres de los integrantes de las Juntas Electorales Municipales y del Departamento de Guatemala que participaron en la organización y supervisión de la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio de ese año.
El MP fue señalado por la comunidad internacional de intentar orquestar un golpe de Estado tras las elecciones generales de 2023. Porras, fiscal general del MP; Ángel Pineda, su secretario general; y los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que originó la investigación contra el partido Movimiento Semilla, fueron sancionados con la prohibición de ingresar a 42 países.
SIN CONFIRMAR NI NEGAR INVESTIGACIÓN
La Hora consultó a la Oficina de Información y Prensa del MP si los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales que participaron en las elecciones de 2023 están siendo investigados. Sin embargo, el MP se abstuvo de confirmar o negar la existencia de indagaciones al respecto, citando el artículo 314 del Código Procesal Penal, que establece que “todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños”.
El caso contra el Movimiento Semilla, el partido que llevó al poder a Arévalo, se convirtió en una herramienta clave para el MP. A partir del proceso inicial, la institución abrió dos líneas de investigación que han derivado en nuevos casos, ampliando el alcance de las indagaciones en medio de señalamientos de persecución política.
La fase 3 del caso contra Semilla radica por supuestas irregularidades en el proceso electoral 2023, mientras que el caso original —la fase 1— surgió por anomalías en la constitución del partido político en 2018. Aunque los hechos corresponden a periodos distintos y no están relacionados, el MP utilizó este vínculo para obtener autorización del juez Fredy Orellana para realizar allanamientos en el TSE, emitir órdenes de aprehensión y confiscar el padrón electoral.
Además, el MP obtuvo la llave que otorga acceso total y permite modificar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Esto ocurrió bajo la presidencia de Blanca Alfaro, la única magistrada titular del TSE que no fue procesada en un caso tras una ofensiva del MP.
Dicha acción forzó a los demás magistrados a abandonar sus cargos durante más de nueve meses, como resultado de una resolución de la Sala Primera de Apelaciones ampliamente señalada como ilegal.
El 24 de julio de 2024, La Hora reveló que, según informaron cuatro fuentes con conocimiento del caso —quienes pidieron mantener el anonimato por razones de seguridad—, los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales estaban siendo convocados para ser sometidos a entrevistas en las fiscalías distritales de los 22 departamentos del país.
Según las fuentes, la entrevista gira en torno a 16 preguntas que insisten en sí, recibieron documentos en blanco para llenar con información que no era verdadera o instrucciones para falsificar datos relacionados con el documento 8 utilizado en los comicios pasados. Los documentos 8 son la sumatoria de todos los resultados de votos de mesa municipal y departamental.
El 29 de septiembre del 2023, la FECI allanó la sede central del TSE con un operativo que finalizó al día siguiente y resultó con la sustracción de los documentos electorales número 4 y 8. Organizaciones vigilantes del proceso electoral calificaron esas acciones como un asalto a la democracia.
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EL ÚLTIMO EN LA MIRA
El último objetivo del MP, más allá de los magistrados del TSE, es el exdirector de Informática Jorge Santos Neill. El pasado 13 de noviembre de 2024, fue procesado por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y falsedad ideológica con agravación electoral.
Según la FECI, Santos Neill permitió que personas ajenas al TSE accedieran al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y habría introducido datos falsos en la plataforma. No obstante, la comunidad internacional ha reafirmado que el proceso electoral de 2023 fue transparente y conforme a los estándares democráticos.
La defensa de Santos Neill argumentó que su cliente nunca pudo asumir plenamente las funciones como director de Informática del TSE, ya que recibió amenazas contra su integridad tras la publicación de los resultados preliminares durante el proceso electoral de 2023.
Santos Neill fue inicialmente beneficiado con arresto domiciliario, pero la Sala Tercera de Apelaciones revocó dicha medida, lo que llevó a su captura el pasado 15 de enero. Actualmente, permanece internado en un hospital debido a problemas de salud.
En paralelo, una de las interrogantes planteadas al MP quedó sin respuesta: si existen investigaciones en curso contra otros miembros del personal informático del TSE.
Otros sindicados en el caso contra Semilla han optado por acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos como una estrategia para reducir sus condenas. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que algunos de los que tomaron estas decisiones fueron sometidos a presión de fiscales y personas vinculadas al MP.
—¿Ha procurado el MP que Jorge Santos, ex director de Informática del TSE, se declare culpable y acepte cargos?—, preguntó La Hora, pero no se obtuvo respuesta.
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*Para esta nota colaboró el reportero de La Hora, Engelberth Blanco.
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