Resolución de Sala cobra vigencia y magistrados del TSE ya no pueden ejercer funciones
El juez Mario Hichos le dio cumplimiento a lo resuelto por la Sala Tercera de Apelaciones que revoca las medidas que el juez Érick García les otorgó a los magistrados del Tribunal Supremo electoral (TSE) señalados en el caso TREP, informaron este lunes 27 de enero fuentes judiciales.
El pasado 13 de enero, el TSE fue notificado de la decisión del juez García, quien declaró con lugar la revisión del auto de medida de coerción a solicitud de los magistrados Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Irma Palencia y Mynor Custodio y dejó sin efecto las prohibiciones de ejercer sus cargos, lo que permitió que se ejecutara el cambio de presidencia del ente electoral, la cual recayó en Aguilera.
Sin embargo, al día síguete, la Sala Tercera de Apelaciones anuló la resolución del juez García, por lo que el pasado viernes 24 de enero, Hichos debió darle cumplimiento por escrito, puesto que la Sala le ordenó que lo hiciera en un lapso de una hora, por lo que en la audiencia de este lunes el juzgador le informó a las partes.
De esa cuenta, uno de los abogados de los magistrados del TSE, Jorge Pinto, en audiencia recusó al juez Hichos, quien la rechazó porque, según él, solo le dio cumplimiento a una orden. Ahora elevará la recusación a una sala de apelaciones.
Por su parte, el abogado Jorge Pinto señaló que espera que la recusación contra el juez Mario Hichos proceda.
Además, añadió que aún esperan que la Cámara de Amparo resuelva un escrito donde buscan dejar sin efecto la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones.
Por ahora, los magistrados del TSE nuevamente no podrán acercase a la sede electoral ni tener comunicación con empleados de esa institución.
Lo anterior implica que la situación regresa a como se encontraba antes de que el juez García decidiera levantar las medias sustitutivas a los togados, es decir, Blanca Alfaro debe asumir de nuevo la presidencia del TSE de manera interina.
La Fiscalía de Delitos Administrativos señala a los cuatro magistrados de cometer supuestas ilegalidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones.
Las pesquisas detallan que los magistrados avalaron que la empresa Datasys fuera la responsable de enviar los datos preliminares de los comicios de 2023.
