Elecciones en el Cang dividen internamente al Ejecutivo
La elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) podría crear divisiones a lo interno del gobierno, según fuentes que prefirieron el anonimato.
La razón de tales divisiones sería que existen dos planillas afines a profesionales del Derecho que ocupan cargos en la administración de Bernardo Arévalo. Dichas candidaturas son encabezadas por Patricia Gámez e Ilse Álvarez.
Gámez es la candidata a presidenta de la Junta Directiva por la planilla 10, Unidad x Justicia, en tanto que Álvarez busca presidir el Tribunal de Honor con la planilla 5, Dignificación Profesional.
Los comentarios sobre la aparente división por conseguir apoyo para la planilla 10 aumentó luego de la captura del abogado Eduardo Masaya, candidato que busca un espacio en la junta directiva del colegio profesional.
Aparentemente, el abogado fue detenido sin conocimiento de los altos mandos del Ministerio de Gobernación, cuyo titular, Francisco Jiménez, dijo que tomarían acciones contra los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) que participaron en la captura.
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“En el marco de las acciones ordenadas por el Juez Fredy Orellana dentro del caso de Eduardo Masaya se ha encontrado que los agentes de DEIC realizaron acciones fuera del procedimiento policial. Por este caso los agentes han sido removidos de sus puestos y he ordenado al director de la PNC que instruya a la Inspectoría General que realice una investigación exhaustiva e inmediata. Del resultado de esta investigación se deducirán las responsabilidades administrativas o penales”, posteó el ministro en sus redes sociales.
“No somos la planilla del gobierno”
Ilse Álvarez es doctora en derecho, tiene más de 20 años como docente universitaria y fue viceministra de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger. Actualmente, ella lidera la planilla 5 para presidir el Tribunal de Honor del Cang.
Ilse Álvarez destacó que en estos días de campaña se acercaron a pedir el voto de todos los profesionales del Derecho por igual. Destacó que los años de ejercicio y de docencia le han permitido conocer a un número amplio de colegas.
“Yo soy una abogada qu. N, no trabajo en el Gobierno. Vengo de la academia, pero fui viceministra de Gobernación y conozco a muchas personas. Tengo 30 años de ser abogada”, explicó la candidata.
Al ser consultada sobre las divisiones que su candidatura causaría en el Gobierno, dijo desconocerlas. Reiteró que se ha enfocado en pedir el voto por partes iguales a la mayor cantidad de agremiados posibles.
Recalcó que no tiene ningún tipo de relación con el actual gobierno y que la planilla 5 no es la agrupación oficialista para las elecciones.
“Yo soy una persona independiente, yo no guardo relación con el gobierno. Desde que mi esposo salió del Ejecutivo – Rafael Espada, exvicepresidente de la UNE -. No tengo ninguna vinculación con el gobierno actual, yo represento una profesión liberal, nosotros no somos la planilla del gobierno”, concluyó.
Desconocen apoyo
Patricia Gámez fue jueza penal, reconocida por organizaciones sociales como operadora de justicia independiente. En el pasado proceso de elección de cortes se postuló, pero no avanzó en la preselección.
Respecto del aparente apoyo desde las filas del Gobierno, manifestó desconocerlo y aseguró que son una propuesta independiente.
“La Planilla 10, Unidad por la Justicia, es un esfuerzo de abogados de distintos sectores que buscan transformar el gremio y garantizar la integridad en sus procesos. Nos une la convicción de que el CANG debe ser representado por personas decentes. Nuestra planilla está integrada por profesionales tanto del ejercicio privado como de quienes prestan una labor en el sector público. Sabemos que parte de eso ha permitido una movilización e interés, de aliados y apoyos. No representamos a ningún partido político ni al gobierno. Nuestro trabajo se sostiene gracias al esfuerzo de voluntarios y donaciones de quienes la conforman”, manifestó la agrupación.
Finalmente, destacan que en las próximas votaciones los abogados deben de ejercer su derecho de una manera libre e independiente. “El voto debe ser un acto de convicción, libre de coacción. No conocemos de ningún respaldo gubernamental y cualquier especulación en ese sentido podría deberse a los roles o la experiencia de algunos de nuestros integrantes”.
