“No tengo ninguna confianza en el sistema constitucional del país”, Patricia Gámez, candidata al Cang por la planilla 10
La segunda vuelta para elegir a las nuevas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), tendrá lugar este viernes 14 de febrero y dos planillas se disputan la Junta Directiva y el Tribunal de Honor.
Patricia Gámez ha sido jueza de Delitos de Alto Impacto y acumula más de 20 años de experiencia en esta labor. Es catedrática en varias universidades y ha presidido la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial.
Gámez encabeza la planilla 10, Unidos x la Justicia, un grupo de abogados que consiguió la mayoría de votos, aunque no los suficientes para asegurarse los puestos en disputa, de esta cuenta, este viernes se ven obligados a competir en un balotaje. Esta planilla ha participado de la elección en medio de un proceso penal en contra de su candidato a prosecretario, Eduardo Masaya, que está señalado en el caso Corrupción Semilla y guarda prisión preventiva.
Otras planillas, la 1, por ejemplo, ha pedido al Tribunal Electoral del Cang que se invalide la participación de Unidos x la Justicia; sin embargo, no ha sucedido. La candidata responde a Prensa Libre sobre algunos de los temas más importantes de interés nacional en los que tiene injerencia este colegio profesional.
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¿Cuál es su plan de trabajo para el colegio de abogados?
Lo primero que hay que decir es que nuestro plan de trabajo va enfocado en responsabilidad, integridad, transparencia, ética y eficacia en el desarrollo de todas las actividades que competen al Cang.
Nos basamos en proyectos de capacitación que atienden al desarrollo profesional de sus capacidades y habilidades para el crecimiento científico, jurídico, el manejo de la normativa nacional e internacional. Todo esto sería con convenios de cooperación nacional e internacional.
También nos enfocamos en el desarrollo económico, que tiene que ver con el plan de prestaciones, el plan de jubilación, que sea efectivo para todos los agremiados. Sabemos que el plan de jubilación únicamente alcanza a notarios, los demás profesionales debemos de pagar de forma voluntaria, cuando todos contribuimos al Colegio.
También planeamos proyectos de investigación con institutos de investigación desde el Colegio para desarrollar programas. Contamos con una gran gama de profesionales que necesitan tener acceso a las herramientas.
Buscamos también el desarrollo de la página web y tecnologías para innovar en los procesos de digitalización de los servicios para hacerlos accesibles a todos los agremiados desde los municipio más alejados para que no tengan que viajar por los servicios que el colegio presta.
Tenemos un proyecto de cooperativa de ahorro y crédito para que sea accesible el apoyo financiero para los agremiados, somos profesionales, necesitamos el desarrollo económico, pero sobre todo necesitamos una representación efectiva para la defensa de los intereses de los agremiados.
Se necesita un Colegio de Abogados que tenga una voz activa en la vida democrática, en el Estado de Derecho, en el país, que no se quede callado con las injusticias y que no guarde silencio, que lleve la voz de sus agremiados para que no sean ellos quienes de manera individual sientan la necesidad de hacerlo, debe de ser el Colegio quien lo haga.
¿Cómo evalúan la situación de los abogados que permanecen en el exilio y el silencio del Cang sobre el tema?
Hay mucha instrumentalización del sistema de justicia, principalmente para criminalizar a profesionales que han aportado para el desarrollo jurídico y social del país, al fortalecimiento de la democracia.
Es necesario que el Cang tenga una voz activa, objetiva, fundamentada en defensa de los intereses del gremio. El agremiado no tendría que defenderse si el Colegio se pronunciara en los aspectos que perjudican al gremio.
El Colegio de Abogados tiene que ser un referente jurídico para los agremiados, pero sobre todo para la población, que sientan que hay una digna representación en la Junta Directiva y que se aprueben los proyectos con los intereses legítimos, que el colegio no sea una plataforma para otro tipo de intereses.
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El colegio de abogados tiene un papel protagónico en la elección de MP, TSE y CC, que ocurrirán el próximo año. ¿Cómo evalúa la gestión de María Consuelo Porras al frente del MP?
Hay una percepción general de que el sistema de justicia penal no está dirigido a defender la tutela de los verdaderos intereses de la población guatemalteca.
Es necesario que el MP desarrolle su función, orientada estrictamente a lo que le manda el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es la averiguación de los hechos señalados y el establecimiento objetivo de las circunstancias.
Obviamente llevar el procesamiento de aquellas personas que hayan afectado los intereses de las personas o bienes jurídicos pero de forma objetiva, con criterios para desarrollar la política criminal adecuada y establecer parámetros para que no exista impunidad.
El ataque contra la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias es es sumamente necesario para transparentar los procesos en Guatemala. Necesitamos definidamente que el MP cumpla con su función de forma efectiva, objetiva y atendiendo a los intereses que debe tutelar.
Para los cambios sustanciales que se necesitan a nivel institucional, es necesaria la alternabilidad en el poder, orientada a que los parámetros de selección estén para la idoneidad, capacidad y honorabilidad de quien va a ejercer el poder. Todo para que la persona que va a ejercer las funciones y cargos públicos de verdad cumpla y no se pliegue a intereses ajenos, que defiendan los intereses estrictos de la justicia.
El papel que el Cang desempeña en las comisiones de postulación es fundamental, es una voz que representa a todos los agremiados para seleccionar por méritos de capacidad, idoneidad y honorabilidad a los mejores funcionarios de justicia. Para que sirvan digna y efectivamente al país.
¿Cómo vio el desempeño del TSE, que enfrentó señalamientos de un aparente fraude y una compra que les costó un proceso penal?
Definitivamente a quien le es dada una función y confiada una parte del poder estatal tiene que cumplirla con responsabilidad, con eficiencia, sin esperar laureles, pero confiando que hará un papel efectivo para la población.
Es de verdad meritorio señalar aquellos trabajos que defienden a la ciudadanía, que se entienden los postulados de la democracia, que defienden la transparencia, la integridad, que actúan definitivamente con transparencia, con contundencia. Esto hay que celebrarlo, porque escaseamos de personas que ejerzan una función pública efectiva.
Guatemala realmente está muy necesitado de que sus funcionarios sean valientes, sea contundente y que atiendan las necesidades de la población.
Y en el caso de la CC ¿Cómo evalúa las distintas decisiones que ha tomado la actual magistratura?
Le puedo decir claramente que a nivel personal no tengo ninguna confianza en el sistema constitucional del país. Lamentablemente las decisiones no han sido orientadas a tutelar los intereses que les fueron encomendados como defensores de la Constitución.
Es necesario que los sistemas de pesos y contrapesos funcionen en el país para evitar que el abuso de poder sea la moneda de cambio en el sistema.
¿Cuál cree que es la percepción que los guatemaltecos tienen de su gremio, de los abogados?
Lamentablemente se tiene una percepción distorsionada de lo que efectivamente muchos abogados dignos y de las ciencias sociales hemos proyectado para que la población confíe en el trabajo que realizamos como abogados y profesionales de las ciencias afines.
La percepción esta distorsionada por la participación de unos pocos malos profesionales que opacan la dignificación que corresponde al gremio en general.
Yo conozco profesionales muy capaces, muy dignos, transparentes, dedicados al servicio de la población, pero unos pocos opacan la noble labor de los profesionales del Derecho. Estoy segura que la gran mayoría no correspondemos a esa imagen negativa por la percepción de unos pocos.
