Plantas para separar basura: ¿Los próximos proyectos para alcaldías y empresas?
Las complicaciones y oposición para implementar el reglamento para la separación de basura –Acuerdo Gubernativo 164-2021– podrían esconder una oportunidad para que municipalidades y empresas trabajen bajo una nueva modalidad.
“A través de una alianza público-privada, las municipalidades podemos poner el terreno, por dar un ejemplo, y traer a un privado a que construya y opere la planta”, ejemplifica Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala.
Siero fue uno de los panelistas del foro convocado por Guatemala No Se Detiene, titulado: “Proyectos locales: ¿Cómo unir a alcaldías y empresas?”, transmitido por Guatevisión el pasado 17 de febrero. En la mesa de expertos también estuvieron Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, y Andrea Reyes, diputada por la bancada Semilla. El diputado Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también estuvo convocado, pero a última hora canceló su participación. La moderación estuvo a cargo del periodista Guillermo Velarde.
El foro se convoca en el contexto de la iniciativa 6433, que busca reformar la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y que abre la puerta para que las municipalidades incursionen en esta modalidad sin pasar por la aprobación del Congreso de la República.
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Dos de las principales oportunidades que vieron los panelistas fue en temas de movilidad y de gestión de desechos.
“Durante los últimos 50 años, el país no ha invertido un centavo en la gestión de basura. Hoy pagamos las consecuencias con cuerpos de agua contaminados y un sistema de recolección deficiente”, critica Siero.
Compost y plantas de segregación
Rivera parte del hecho de que las municipalidades no tienen los recursos para poderlo hacer individualmente este tipo de proyectos, por lo que “se tiene que hacer mancomunadamente”.
Uno de los primeros proyectos que propusieron plantear fue invertir en plantas de segregación de desechos –una instalación donde los residuos sólidos se separan y clasifican según su tipo y composición antes de ser procesados de manera adecuada–.
“Eso obviamente se tiene que hacer con la colaboración de un privado porque todo el material que llega tiene valor reciclable, es el privado el que puede de alguna manera hace los trámites para colocar ese tipo de material que está llegando ahí” dice Rivera.
Según Siero, en 2022 el Banco de Guatemala le entregó al país un estudio donde identifica que se tienen que construir “como mínimo 12 plantas de separación de basura a nivel nacional. Lo que ha pasado es que no se le ha destinado un solo centavo a la construcción de estas plantas”, reclama.
Aclara que no es solo la construcción, sino también “la operación”, para “bajar costos con la eficiencia del sector privado”.
Critica Rivera que “en Guatemala comenzamos las cosas al revés, porque ahorita se está hablando del acuerdo gubernativo 164 que nos obliga a todos los guatemaltecos a hacer nuestro proceso de reciclaje en nuestro hogar, pero actualmente ni siquiera AMSA (la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán) cuenta con una planta de segregación adecuada para tratar ese reciclaje que los guatemaltecos van a comenzar a hacer”.
“Hay una gran oportunidad con esta ley que nos permita a las municipalidades, a través de las mancomunidades, generar proyectos tan importantes como el manejo adecuado de la basura, que tendría que empezarse con una planta de segregación y después tener la disposición final, pero hacerla de una forma correcta” añade.
La discusión giró a que el otro tema importante es procesar compost. “Hay mucha empresa agrícola que ya no quiere utilizar ya no les están permitiendo usar químicos en sus planteamientos por las diferentes regulaciones que hay fuera del país, entonces esto vendría a darles una solución, pero ahí necesitamos también la colaboración del sector privado que es el que sabe manejar ese tipo de componentes y los puede colocar también en el mercado” propone el alcalde de Escuintla.
¿Solución al caos vial?
El otro gran “dolor” que se podría resolver desde los municipios con la figura de alianza público-privada
Tanto Siero como Rivera estuvieron de acuerdo en que, para que tenga éxito esta nueva modalidad de ser aprobada, las soluciones deben ser “rápidas”, “ágiles” y comprobar resultados ciudadanos en el “corto plazo”.
“Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Guatemala que si no se abordan inmediatamente la movilidad va a colapsar el país. Si el Estado no plantea una solución a corto plazo, las municipalidades podríamos plantear una solución en el transporte público”, propone Rivera.
Reclama que el país “no puede ser competitivo si las cargas para transportarse entre 50 y 200 km a veces toman días para llegar a su destino. Las municipalidades podríamos plantear una solución en el transporte público –cada uno en nuestras jurisdicciones–, para buscar una alianza público-privada y poner un transporte público desde el punto A al punto B pasando cada uno por nuestro territorio”.
Sebastián Siero, presidente de la Anam; Abraham Rivera, alcalde de Escuintla; y Andrea Reyes, diputada de Semilla en el Foro convocado por Guatevisión y Guatemala No Se Detiene. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Reyes apela a que los proyectos no se frenen en la discusión política. “Digamos que el tema con pasar por el Congreso cada proyecto es que se politiza y ya dejan de ser de utilidad pública. Entonces, la reforma propone precisamente esto, que los proyectos dejen de pasar por el Congreso para poder ser aprobados, siempre y cuando no toquen servicios públicos”.
La diputada considera que los proyectos deberían estar relacionados con infraestructura en general, no solamente infraestructura vial”.
Y vuelve el tema de trabajar en mancomunidad. “Nos podríamos poner de acuerdo para que los privados pasen por ese territorio con las mismas condiciones para poder ir solucionando problemas que hoy sí le están afectando en su calidad de vida al ciudadano. Porque invertir seis horas en el carro y usted va a trabajar ocho horas a la oficina, prácticamente está invirtiendo la misma cantidad de tiempo laboral en transportarse”, remarca Rivera.
Transparencia y nivel técnico
El consenso entre los consultados apuntó a que, uno de los retos más importantes es garantizar que las municipalidades que no tienen la capacidad técnica puedan pedir apoyo a la Anadie para evitar problemas de corrupción y asegurar que los proyectos sean viables.
Para Siero, “lo que tienes acá es una propuesta con la parte buena de ambos mundos: un punto medio donde las municipalidades son el ente regulador, pero traen la eficiencia y el dinero del sector privado. No se trata de privatizar ni de que el Estado asuma toda la carga. El objetivo es generar resultados rápidos sin caer en corrupción”.
Esto, porque el contrato de una alianza público-privada da más certeza y transparencia que una concesión a dedo o una contratación discrecional.
“Uno de los desafíos más grandes es que las municipalidades pequeñas y medianas carecen del aparato técnico para formular proyectos correctamente. Si la ley permite fortalecer estas capacidades, podríamos hacer propuestas más atractivas y transparentes”, complementa Rivera.
Reyes alerta de que “el hecho de que esté involucrada la empresa privada en el proyecto” no garantiza “transparencia total. Para garantizar transparencia en estos proyectos, debemos avanzar con la ley de beneficiarios finales, lo que permitirá conocer con exactitud a dónde han ido los fondos y cómo se han gestionado”.
Insiste que, en el Congreso, “todavía nos falta llegar a acuerdos sobre la rectoría del Estado en estos proyectos. No podemos permitir que las municipalidades subordinen sus decisiones a intereses privados”.
Rivera sentencia que “uno de los desafíos más grandes es que las municipalidades pequeñas y medianas carecen del aparato técnico para formular proyectos correctamente. Si la ley permite fortalecer estas capacidades, podríamos hacer propuestas más atractivas y transparentes”. Aún así, avala el modelo porque “permite que el privado invierta su propio recurso, garantizando costos más bajos, mejor calidad de obra y soluciones rápidas y viables para problemas urgentes”.
El 11 de enero pasado, los diputados que integran la Comisión de Economía del Congreso, dieron un dictamen favorable al pliego de reformas formuladas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) decreto 16-2010. Hasta que sean aprobadas, no se podrán trabajar con la modalidad de aprobación vía concejos municipales. Desde 2010, todo contrato de este tipo debe pasar por el Congreso de la República.
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