¿Podría una nueva autoridad vial reducir los accidentes en Guatemala?
Crear una nueva institución rectora en la seguridad vial, un observatorio y un fondo para proyectos de movilidad y seguridad vial, son parte de las propuestas de un proyecto que podría llegar a discutirse en el Congreso de la República.
Sin embargo, la posibilidad de aumentar la operación estatal ya genera reacciones. “Existen ya tres instituciones que se hacen cargo de la seguridad vial en la región, siendo Provial, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Transporte (DGT), además de las jurisdicciones de cada municipalidad”, argumenta Elmer Palencia, jefe de bancada del partido Valor.
Para Juan Carlos Botrán, director de seguridad de Automóvil Club en Guatemala, antes de trabajar en cualquier iniciativa, primero se deben mejorar las estadísticas. “Tenemos que saber cuál es el tamaño del problema y tenemos que saber qué es lo que lo está causando”, expresó Botrán, quien añadió como indispensable contar con objetivos claros de a dónde se busca llegar en cuestiones de seguridad vial.
Por ejemplo, el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), reveló recientemente que, en comparación con el 2023, se registró un incremento del 6.2% de personas fallecidas en carretera, así como un aumento del 5% en hechos de tránsito. Además, las motocicletas representan el 49% de los vehículos involucrados pero el tipo de vehículo que representa la mayor incidencia en los hechos de tránsito. Para Botrán, cifras como estas deben ser la base de las acciones a ejecutarse en la materia.
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Ronalth Ochaeta, diputado del movimiento Semilla, defiende que dentro de la ley se crean dos puntos que se encargaran del financiamiento y del control de la seguridad vial: un fondo y un consejo. El consejo, entre sus diferentes funciones, tendría un observatorio destinado al registro de los accidentes viales, a partir de los cuales se buscarían pautas para el mejoramiento de la seguridad vial en el país.
Por el contrario, Hector Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, critica que el Onset ya se encarga de recopilar los casos que ocurren en las vías del país. Aunque, señaló Fajardo, hace falta más participación de analistas que interpreten los datos. El consejo que propone esta nueva ley, según Ochaeta, tendría la función de tomar los datos recopilados y convertirlos en propuestas y proyectos.
¿Es necesaria una entidad?
“La gente por definición no cumple la regla, sobre todo cuando la autoridad no la hace cumplir”, sentenció Botrán, quien señaló que la creación de una nueva ley no es realista sin antes tener claras las reglas del juego. Por lo anterior, Botrán argumentó que las leyes sobre estos temas buscan una perspectiva política más que técnica. Añade que, el primer paso, antes de cualquier ley, es la de crear una línea base y a partir de esto, armar el andamiaje legal que se requiere.
Para Fajardo, además de creer que hace falta fuerza en las autoridades para hacer cumplir las leyes que ya se encuentran vigentes, consideró que la Onset es suficiente. A esto, Ochaeta argumentó que la creación del consejo es necesaria porque se necesita una coordinación para las políticas públicas que se realicen en torno a la movilidad y seguridad vial del país.
Según Ochaeta, dicho consejo tendría datos sobre cada aspecto de los siniestros y movilidad y a partir de dichos puntos, podría utilizarlos para resolver los problemas y dar a conocer a las diversas autoridades—tal como las municipalidades— los puntos en donde se debe poner más atención o las acciones a tomar para evitar siniestros en ciertas locaciones.
“Crear otra institución para hacer la función que ya deberían de estar haciendo esas tres instituciones —PNC, DGT y Provial—, pues no creo que sea lo más apropiado”, señaló Palencia, quien argumenta que el ejecutivo podría demostrar señales de mejora al realizar cambios dentro de las instituciones ya existentes y buscar modificaciones o propuestas de ley para las leyes ya existentes.
Además, para Ochaeta, es necesaria la asignación de fondos específicos para temas y proyectos de seguridad vial, lo cual, asegura Ochaeta, se lograría al tener un consejo al que se le asigne un monto de dinero específico para temas de movilidad y seguridad vial. “Los consejos lo que tienen que hacer es tomar decisiones de alto nivel y que esos recursos se repliquen en cambios institucionales”, destacó el diputado.
“Lagunas” en la seguridad vial
Para Botrán, el primer paso es el de realizar un ordenamiento institucional. “La institucionalidad vial se ha creado por pedazos, reconocemos que hay lagunas dentro de todo el sistema vial, entonces lo que ha pasado típicamente es que cuando ocurre un problema, los diputados crean instituciones para parchar esa laguna”.
“Lo que busca es fortalecer la institucionalidad actual” aseguró Ochaeta, quien agregó que los centros que se verían fortalecidos serían el CIV y el Ministerio de Gobernación (Mingob), puesto que son los dos entes rectores en materia de movilidad y seguridad. A partir de esto, la ley busca los siguientes tres puntos principales: conectar la movilidad y la seguridad, crear un trabajo en equipo interinstitucional y dotar de recursos y categorías legales.
Según Botrán, hay entidades que no son coherentes entre sí y por lo cual, existe un traslape regulatorio. Para Botrán, lo que debe hacerse es un diseño formal de la institucionalidad que necesita el país. A partir de esto, Palencia recalcó que tanto al DGT, la PNC y Provial podrían unificarse de alguna manera y señaló que para esa acción no es necesaria la creación de otra ley.
