Pandillas pagan hasta US$100 a estudiantes por vender drogas
El regreso a clases representa una ilusión para muchos estudiantes, quienes anhelan reencontrarse con sus compañeros y seguir aprendiendo. Sin embargo, también supone una preocupación creciente para docentes, padres de familia y autoridades, debido al constante acoso de las pandillas dentro y fuera de los centros educativos.
Este año, la Policía Nacional Civil (PNC) destinará 200 agentes para el programa Escuelas Seguras, pues según el director de la institución policial, David Custodio Boteo, “la exigencia es mayor cada año” para cubrir centros educativos ante la presencia de las pandillas, principalmente en las zonas 24, 21, 18, 6, así como Mixco y Chimaltenango.
Los jefes de cada comisaría, según Boteo, tienen la orden de compartir sus números de teléfono a los maestros de los centros educativos, pues son quienes se percatan de la actitud de los estudiantes y si se ausenta de las clases. Sin embargo, también se conoce de maestros que han sido amenazados y por temor a represalias evitan presentar una denuncia formal.
Por necesidad
El jefe policial recordó la captura de un menor en la colonia El Chato, zona 18, a quien se le sorprendió con una granada en su mochila cuando salía de un centro educativo, días después de haber ultimado con arma de fuego a una tendera en la zona 3 capitalina.
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“Las pandillas detectan cuando un niño es de escasos recursos. En una ocasión un pandillero dijo que su madre estaba enferma y accedió a las peticiones de la pandilla, que le ordenó entregar teléfonos y recoger el dinero de la extorsión, a cambio de obtener la medicina para su progenitora”, refirió.
Custodio Boteo, recordó que cuando comenzó el programa de Escuelas Seguras en el 2009 la cantidad de agentes en esa unidad era “mucho” menor. No obstante, afirma que cada año se han sumado más centros educativos a los cuales se les otorga seguridad perimetral durante los horarios de ingreso y salida.
Programa
Como parte de las acciones para evitar que los jóvenes estudiantes se inmiscuyan en las pandillas, delegados de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y PNC, mediante el programa Escuelas Seguras, participan en un plan de prevención que comenzó el viernes ultimo en centros educativos.
Como parte del programa, se imparten charlas motivacionales a los estudiantes para que no se integren a las pandillas, y que denuncien si son acosados por esos grupos.
Venta de drogas
En dicho programa participa Verónica del Rosario Galicia, jueza de Ejecución de Sanciones de Menores en Conflicto con la Ley Penal, quien indica que la captura de adolescentes ha ido en incremento, por lo que constantemente se coordinan planes que puedan contrarrestar el problema y para ayudarlos.
Galicia, quien en una ocasión se encontraba en un centro educativo motivando a los estudiantes como parte del programa de prevención, cuando pandilleros intentaron ingresar, dice que algo que no se daba en años anteriores y que deben atender las autoridades, es la presencia de narcotraficantes en las afueras de centros educativos, quienes llegan a para reclutar adolescentes para que vendan droga a cambio de dinero.
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Según la jueza, les ofrecen hasta US$100_ que equivalen a unos mil quetzales_ aunque desconoce si estos se los otorgan cada semana o mes.
En cifras
Trescientos 318 centros educativos contarán con la presencia de la PNC. La mayoría en el área metropolitana.
Los adolescentes de entre 13 a 18 años sí reciben sanciones al dictarse una sentencia que los declare responsables de un delito.
Si tienen entre 13 y 15 años, la pena máxima es de 2 años de prisión; si la edad oscila entre 15 hasta 18 años, la máxima es de 6 años.
Al igual que en un proceso con adultos, con los menores el Ministerio Público debe recabar la evidencia sobre el hecho delictivo, aquí pueden ser testigos, dictámenes forenses, videos de cámaras de seguridad y fotografías.
Cuatrocientos 47 menores de edad permanecen en los Centros Juveniles de Privación de Libertad. En su mayoría por estar involucrados en extorsión, violación, asesinato, homicidio, portación ilegal de armas de fuego, robo y robo agravado.
