Presidente del OJ contrata como su secretario a excandidato de la UCN
El excandidato a diputado por los partidos UCN y la coalición Valor-Unionista Sergio Ayala Acevedo es el secretario general de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un cargo que ocupa el magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado desde noviembre pasado.
Ayala fue uno de los tres candidatos a diputados por la Unión del Cambio Nacional (UCN) que acompañaron a Mario Estrada en su campaña presidencial del 2019, una aspiración que se interrumpió cuando el fundador del partido fue detenido en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de cocaína.
En la campaña del 2019, Ayala buscó una diputación por Chimaltenango, casilla 2, pero no obtuvo los votos necesarios. Los otros dos candidatos a diputados, Juan Luis y José Manuel Sosa Cordón, tampoco lo lograron, pero empresas vinculadas recibieron más de Q100 millones en proveeduría pública durante el gobierno de Alejandro Giammattei, de acuerdo con investigaciones del desaparecido diario elPeriódico.
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Para la siguiente campaña, en el 2023, Ayala se postuló como candidato a diputado por Quiché con la coalición Valor-Unionista, y tampoco alcanzó una curul.
Apagada la efervescencia de las campañas políticas, Ayala pasó inadvertido hasta febrero recién pasado, cuando su nombre se escuchó nuevamente en el espacio público, ahora como el secretario de la presidencia del Organismo Judicial (OJ) y firmante de la circular que informa a los trabajadores sobre la licencia para que puedan asistir a las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios (Cang).
Se buscó una entrevista con Ayala, pero por razones de agenda únicamente accedió a responder un cuestionario que se le hizo llegar con la mediación de la Unidad de Comunicación del OJ. En sus respuestas, el secretario señaló que su participación política se ampara en el derecho constitucional de optar a cargos públicos y participar en actividades políticas.
“No es impedimento”
“Es fundamental precisar que mi designación en la segunda casilla —UCN— para optar a un puesto de elección popular fue el resultado de un proceso interno del partido a nivel departamental, a través de las bases, y no por una persona específicamente. En un sistema democrático, la participación política es una vía legítima de servicio público y, en ningún caso, representa un impedimento para desempeñar funciones futuras dentro del Estado”, respondió Ayala.
En enero, el secretario general de la presidencia del OJ percibió ingresos por Q75 mil 322, de acuerdo con los registros de información pública de oficio. El salario mensual del puesto es de Q46 mil 700, pero en enero se le pagó una quincena de diciembre y el mes en curso, de acuerdo con el OJ. El secretario también tiene derecho a gastos de representación, que en enero fueron de Q19 mil 354.84.
El nombramiento de Ayala levanta alertas en dos dimensiones, a criterio del politólogo Renzo Rosal. “Todos tenemos derecho a optar a cargos públicos, pero llama la atención que haya sido candidato por un partido —UCN— que evidentemente estuvo dominado, desde quien fue el secretario general y dueño del partido hasta muchas otras candidaturas, por acoger y representar intereses de personas vinculadas con acciones irregulares y criminales”, resaltó.
“Que haya sido candidato, no solo militante del partido, debería encender por lo menos una luz amarilla”, enfatizó Rosal.
Aunque no tenga qué ver directamente con las resoluciones judiciales “que una persona con un vínculo orgánico de no hace muchos años con esa organización partidaria y ahora sea funcionario del Organismo Judicial pueda generar ciertos incentivos —permisos u otros— habla de la porosidad del sistema”, señaló el politólogo.
Teódulo Cifuentes, presidente del OJ —izquierda—, junto al secretario de ese organismo, Sergio Ayala, durante una actividad oficial. (Foto Prensa Libre: OJ)
Desde la secretaría de la presidencia del OJ, Ayala tiene acceso a los asuntos más importantes de la justicia en Guatemala y se le ha visto acompañar a Cifuentes en varias actividades públicas, como la presentación de informes de rendición de cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria, a finales de enero.
Sobre su nombramiento en el Poder Judicial, Ayala manifestó: Considero “importante aclarar que mi función actual es de carácter administrativo, sin ninguna injerencia en las decisiones jurisdiccionales. En ese sentido, no existe ningún conflicto de interés, ya que las resoluciones judiciales se dictan con total independencia y bajo los principios de legalidad e imparcialidad”.
“La normativa vigente establece una clara separación entre la administración del sistema de justicia y el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que garantiza la transparencia y objetividad en el desempeño de mis responsabilidades”, apuntó.
La politóloga Marielos Chang opinó: “Si aspiramos a tener una justicia independiente e imparcial, veo incompatibilidad” con que el secretario haya pertenecido a dos partidos políticos. “¿Qué sucede en estos casos?, ¿cómo garantiza el presidente de la CSJ que no habrá́ preferencia? En lugar de fortalecer la confianza en el sistema de justicia, estas designaciones provocan lo contrario. La conversación para mejorar la carrera judicial y asegurar que las presiones por parte de partidos políticos se reduzcan queda pendiente, pero con estas designaciones se vuelve más urgente”, anotó.
El presidente de la corte también respondió por vía electrónica y defendió que la designación de funcionarios clave, como Ayala, es un proceso basado en el mérito, la trayectoria profesional para el cargo administrativo, dando cumplimiento a los requisitos contemplados en cada uno de los perfiles profesionales existentes y lo establecido por la ley.
Ayala, de profesión abogado y notario, se desempeñó en el 2023 como asesor de la Dirección de Recursos Humanos del Organismo Legislativo y en el 2024 se le contrató como asesor de la dirección legislativa.
Por ambas funciones percibió ingresos por Q349 mil 345, de acuerdo con el portal Guatecompras. Esas funciones las asumió “en virtud de su formación académica y experiencia laboral”, justificó Ayala. Se le pidió una copia de su currículo para conocer su trayectoria, pero no se obtuvo respuesta.
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Breve paso por inmobiliaria cuestionada
En el 2011, Ayala fue representante legal de Cykyeres, una sociedad anónima dedicada a los negocios inmobiliarios y que arrendó instalaciones aeroportuarias. La Contraloría General de Cuentas detectó varias irregularidades en los contratos de arrendamiento de Cykyeres y, según informó la unidad de comunicación, la auditoría sigue en curso.
La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que Cykyeres ya no tiene ningún contrato de arrendamiento vigente, ya que fueron revocados de manera anticipada por incumplimiento en el pago de fianzas. Según información disponible en registros públicos, los contratos fueron por arrendamiento de hangares y locales en la terminal aérea.
Cykyeres fue constituida en abril del 2011 bajo la procuración del notario José Arenales Farner. Arenales es el notario clave de las sociedades anónimas que forman parte del entramado de defraudación tributaria que la SAT reveló en el 2024 conocido como caso B410.
En entrevista con Plaza Pública, Arenales delega la responsabilidad de la creación de las sociedades en su exasistente David Barrera, ligado a la causa penal por lavado de dinero en el caso B410.
Arenales explicó que, por la demanda de sociedades, se utilizaba como socios fundadores a personal del bufete, como Oswaldo Enrique Balaña Portillo. Precisamente, Balaña es fundador de Cykyeres, junto con Héctor Rolando Pérez Marroquín.
Balaña también es representante legal de Canyon Group, la sociedad que en el 2016 intentó participar en la subasta para comprar la cosecha de aguacates de la finca del expresidente Otto Pérez Molina, en proceso de extinción de dominio.
El negocio se frustró cuando se conoció que Canyon Group tenía vínculos con el exbinomio presidencial y con el caso Cooptación del Estado. La representación legal actual de Cykyeres corresponde a David André Figueroa Gonzalez.
Ayala cuenta que su paso por la sociedad anónima Cykyeres “fue de tres meses, por lo que no hay mayor tema que agregar”
