Analistas llaman a cambiar el proceso de Aceptación de Cargos tras cinco años de vigencia
Lajusticia en Guatemala podría convertirse en un trámite que permita la libertad de los criminales que acepten la acusación para conseguir una pena menor, según analistas que evaluaron el procedimiento para la aceptación de cargos, y recomiendan una reforma urgente.
El decreto 10-2019, aprobado por la octava legislatura del Congreso, está vigente desde el 16 de enero del 2020, pero, en los poco más de cinco años de existencia, el procedimiento ha suscitado dudas sobre su efectividad en el país.
La aceptación de cargos es un título de nuevas reglas añadidas al Código Procesal Penal, iniciativa que fue impulsada por Iván Velásquez, extitular de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El expresidente Otto Pérez Molina, detenido en el 2015 por corrupción, aceptó los cargos en el caso Cooptación del Estado. Obtuvo condena en el caso La Línea con anterioridad y pudo salir de prisión el año último.
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La captura de Pérez Molina marcó la lucha contra la corrupción, que estuvo acompañada de protestas sociales hace 10 años. Sin embargo, su salida anticipada de prisión no indignó a la ciudadanía tanto como la pena que recibió esta semana el médico Kevin Malouf.
El cirujano plástico, según el Ministerio Público (MP), no brindó los primeros auxilios a su paciente Floridalma Roque, quien murió en el quirófano y luego Malouf desmembró el cadáver y lo ocultó para tratar de evadir la justicia.
Para el MP, los actos del médico constituyen homicidio, pero el juez Pedro Laynez no opinó lo mismo y modificó el delito a homicidio culposo.
Le impuso una pena de tres años y cuatro meses de cárcel, que, por ser conmutable, puede ser sustituida por una multa.
Fue un error
Para Javier Monterroso, exsecretario del MP, el país no estaba preparado para un proyecto de este tipo, al considerar que la Cicig cometió un error cuando impulsó este procedimiento.
“Se le dijo a Iván Velásquez que esta ley no iba a ser aplicada correctamente, porque el sistema de Guatemala no está diseñado para este tipo de casos. Permite impunidad en casos graves como el de Malouf y otros de corrupción”, explicó.
Monterroso añadió: “Iván Velásquez lo que quería era que los empresarios vinculados al sistema de financiamiento electoral ilícito pudieran salir menos afectados. Al final, aprovecharon una propuesta y la cambiaron para beneficiar a los que la Cicig estaba persiguiendo”.
A su modo de ver, es necesario que el proceso tenga reformas en el corto plazo. Uno de esos posibles cambios sería eliminar que la aceptación de cargos sea un “derecho” del detenido, a fin de evitar otros casos similares al de Malouf.
“Le quita armas al Ministerio Público, porque ya no son ellos quienes pueden decidir, sino el sindicado. El juez, al final, ve los requisitos legales y casi que se ha convertido en un trámite”, agregó.
Proceso como arma
Para Zoel Franco, analista en derecho penal, se necesitan revertir los efectos de la ley; incluso, es más severo que Monterroso, pues considera que la propia derogación podría ser la mejor opción.
Otros ejemplos negativos que ha observado son la forma en que la aceptación de cargos podría ser utilizada para presionar o chantajear a los detenidos.
“Es mal utilizada y se emplea como un mecanismo de presión para que acepten cargos cuando se trata de delitos o acciones políticas. Se presiona para que personas acepten cargos, aunque no existan pruebas bajo coacciones a procesos más largos y penas severas”, afirmó.
A su criterio, “esta ley favorece la impunidad”, y recordó que cuando la Cicig de Velásquez la promovió, no se hizo un análisis profundo sobre las consecuencias.
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“Sí, fue un error de la Cicig promoverla sin analizar los contextos que se podían dar. Tendrían que haber hecho un análisis más profundo. Faltó una lectura estratégica en esta ley”, agregó.
Para Franco, el caso de Malouf es tan solo una muestra de cómo la aceptación de cargos tiene un efecto contrario al que se prometió.
“Favorece tipos penales vinculados a temas de corrupción, porque permite la aceptación de cargos. Si bien es cierto que hay excepciones, en ciertos tipos de delitos, como el del doctor Malouf, esta ley permite que se considere un delito culposo”, añadió.
Una posible reforma o derogación depende del Congreso, cuyos diputados se aumentaron el sueldo y, pese al rechazo social, no están dispuestos a dar marcha atrás con su decisión.
Defiende la ley
Fernando Linares Beltranena fue legislador cuando el Congreso aprobó la aceptación de cargos. Integró la comisión que le dio un dictamen favorable y votó en pro de su aprobación.
“La ley sí funciona, hay que verla objetivamente. No hay que enfocarse únicamente en un caso como el del doctor Malouf y la pobre paciente. El objetivo de la ley era bajar la mora de los tribunales y dar una salida rápida a los procesados, para que no todo fuera cárcel, cárcel y cárcel”, dijo Linares.
Aunque está a favor de la norma, al igual que los analistas consultados, opina que se necesitan reformas. En su opinión, la actual aceptación de cargos excluye algunos tipos penales que, a su juicio, también deberían ser considerados.
“La ley necesita reformas, y lo propuse cuando fui diputado: que fuera aplicable a todos los delitos. Actualmente, no se incluye el genocidio, pero, para mí, la finalidad de la ley es conseguir una confesión y reducir la mora judicial, además de evitar el hacinamiento en las cárceles”, explicó el exdiputado.
Linares recordó que cuando fue congresista intentó promover que la aceptación de cargos también incluyera el delito de genocidio, pero no obtuvo apoyo. “Yo aplicaría la ley para todos, parejo”, comentó.
Incluso, consideró que fue un acierto de la extinta Cicig haber impulsado una norma como esta, que, según él, “sí está cumpliendo sus objetivos en el sistema de justicia guatemalteco”.
