Informe del MP avala la decisión del juez Bremer y la Sala Primera de limitar el acceso a la prensa en el caso de Claudia González
En la foto: la fiscal Brenda Guzmán Anavisca, la abogada Claudia González y el juez Jimi Bremer. Diseño: La Hora / Alejandro Ramírez.
Un informe del Ministerio Público (MP) al que tuvo acceso La Hora recopila una serie de publicaciones de medios de comunicación y usuarios de la red social X sobre el caso contra la exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González. El documento da pie a las acciones del sancionado juez Jimi Bremer y los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de negar el acceso a la prensa a las audiencias.
González se suma a la lista de operadores de justicia que trabajaron en conjunto de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, en casos que involucraban a la élite política y a funcionarios del sector justicia. Ahora González denuncia que enfrenta una persecución política y selectiva por parte del MP comandado por María Consuelo Porras.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 8, 2025
El proceso, impulsado por el Ministerio Público (MP) bajo el mando de María Consuelo Porras, tiene su origen en la labor de González junto con la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En 2017, ambas instancias llevaron ante la justicia a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, tras ser acusada de presionar al juez Carlos Ruano para otorgar arresto domiciliario a su hijo, implicado en un caso de corrupción.
La abogada Claudia González inició su carrera en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odahg). Foto: La Hora / José Orozco.
González fue detenida en agosto pasado, medio año después de que Stalling recuperara su puesto en la Suprema tras finalizar su proceso judicial. La captura de la abogada se justificó bajo el señalamiento del delito de abuso de autoridad, argumentando que promovió el retiro de inmunidad de la exmagistrada cuando trabajó en CICIG. Dicho ilícito es aplicable a funcionarios públicos, pero González no lo era.
JUEZ Y FISCAL SE QUEJAN
El caso contra González, también abogada de varios de sus colegas exiliados en Washington y con más de 25 años de carrera, se ha manejado con un secretismo parcial. La Fiscalía de Asuntos Internos ha solicitado al juez Jimi Bremer, a cargo del proceso, que imponga la reserva del caso en momentos clave, pero ha pedido levantarla cuando le resulta conveniente.
El primer fiscal a cargo de la investigación fue Noé Nehemías Rivera Vásquez, sancionado por EE. UU. por “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”. El 3 de diciembre de 2024, Porras lo ascendió a jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y ahora pertenece a la cúpula de fiscales del MP.
El 30 de agosto de ese mismo año, durante una audiencia celebrada a puerta cerrada, la defensa de González pidió al juez Bremer que se respetara el principio de publicidad del proceso, clave para garantizar la transparencia. A pesar de que no existe una reserva judicial, a la fecha el togado se niega a permitir el acceso de los medios de comunicación.
El juez Jimi Bremer está sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU. Foto: La Hora / José Orozco.
Ante esto, el juez pidió a la Fiscalía de Asuntos Internos la elaboración de un informe sobre las publicaciones de notas, reportajes y cualquier expresión en redes sociales para «medir» la publicidad del caso que enfrenta González.
La fiscal Guzmán Anavisca y el juez Bremer aprovecharon la ocasión para expresar su malestar por las publicaciones de los medios de comunicación. Bremer afirmó que, además de esas publicaciones, se sentía “intimidado”, mientras que Guzmán Anavisca aseguró “haber recibido amenazas de muerte”.
Así fue. El informe se elaboró en un plazo de diez días por orden de Bremer, el mismo juez que accedió a la petición de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, para abrir una investigación contra periodistas del extinto diario elPeriódico por cubrir el caso de su director, José Rubén Zamora. Ello derivó en el veto y sanción en contra del juez por parte de EE. UU.
El informe contiene la extracción de información de redes sociales abiertas y medios de comunicación en relación con publicaciones en torno al caso de González.
La fiscal a cargo del caso, Brenda Maribel Guzmán Anavisca, lidera otros procesos en contra de operadores de justicia. Foto: La Hora / María José Bonilla
MP MONITOREA A MEDIOS Y CUENTAS
La Hora tuvo acceso al informe, que consta de 109 páginas. En la primera página, la fiscal Guzmán Anavisca afirmó que fueron los abogados de González quienes solicitaron la incorporación de medios de prueba para acreditar las notas publicadas en redes sociales y fuentes de información abiertas relacionadas con el caso de la exmandataria de la CICIG.
Sin embargo, la fiscal habría mentido en quién solicitó el informe.
Este medio de comunicación contactó al equipo legal de González, quienes aseguraron que en ningún momento solicitaron un informe que recopilara las notas y reportajes de prensa sobre el caso, como afirmó la fiscal Brenda Guzmán Anavisca. Asimismo, se consultó a la Fiscalía sobre las razones detrás de esta afirmación dentro del informe; sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
El informe no incluye un análisis ni un dictamen sobre el contenido de las publicaciones. Se trata, en esencia, de capturas de pantalla de notas de prensa y publicaciones en X de los medios La Hora, Prensa Libre, Plaza Pública, No-Ficción, Prensa Comunitaria, eP Investiga, Soy502, Publinews, Con Criterio y Ruda.
Una de las publicaciones de La Hora que el MP presentó, pero que confundió con el medio Prensa Libre. Foto: La Hora.
También se recopilan publicaciones de usuarios de X que opinaron sobre el caso, entre ellos el doctor en Filosofía Marco Fonseca, reconocido por revelar en 2021 que la tesis doctoral de la fiscal general, María Consuelo Porras, presentaba indicios de plagio.
El sacerdote Edgar del Cid, crítico del sistema de justicia y de actores corruptos y antidemocráticos, también aparece en el informe, al igual que Vicente Carrera, fundador de la plataforma Unidos contra la Corrupción.
Asimismo, se incluye una publicación del colectivo No Nos Callarán, que alertó sobre la elaboración del informe, denunció su uso como mecanismo de persecución y rechazó un ataque contra una periodista del medio Ruda. También publicaciones de la Red de información del combate a la impunidad en Guatemala (Ricig).
INFORME NO GARANTIZA PUBLICIDAD
El abogado Javier Urizar, especializado en derechos humanos, declaró a La Hora que las acciones del juez Bremer y la fiscal Guzmán Anavisca violan los derechos de González, así como de los medios de comunicación.
«La publicidad del caso tiene un propósito: la fiscalización social. Permite que la gente sepa cómo se imparte justicia y si se están garantizando los derechos. Aquí hay una violación tanto al derecho de la prensa a informar como al de Claudia González a la publicidad del proceso», afirmó.
La exmagistrada Blanca Stalling permaneció en prisión por este caso y fue beneficiado con el cierre del mismo. Foto: La Hora / José Orozco.
Urizar considera que la elaboración del informe sobre las publicaciones responde más a lo que, en derechos humanos, se conoce como un «efecto amedrentador», que, según explicó, ocurre «cuando se toman acciones cuya intención real es intimidar a la gente». Además, advirtió que un informe no puede medir la publicidad de un caso.
«En el proceso contra el partido Movimiento Semilla hay miles de publicaciones, pero poco se sabe de lo que ocurre dentro», comparó con el caso que se mantiene en reserva desde 2023 por orden del sancionado juez Fredy Orellana.
VIOLACIÓN A LA PRENSA
Marielos Monzón, integrante del colectivo No Nos Callarán, advirtió que el MP y ciertos jueces están utilizando la figura de «reserva» de los casos para impedir el acceso a la información y ocultar detalles de procesos en los que la Fiscalía persigue indebidamente a personas sin pruebas.
Señaló que, incluso en procesos sin reserva judicial, se ha bloqueado el ingreso de periodistas a las audiencias, lo que viola el artículo 35 de la Constitución y los principios de transparencia y máxima publicidad del derecho penal. «Se busca opacidad, obstaculizar la rendición de cuentas y frenar el trabajo periodístico en perjuicio del derecho ciudadano a estar informado», afirmó.
Monzón cuestionó las razones detrás de estas restricciones: «¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué evitar la publicidad de los casos contra operadores de justicia, abogados y periodistas perseguidos?». Según su análisis, el objetivo es impedir que se evidencie la falta de pruebas o las arbitrariedades en las audiencias.
El juez Jimi Bremer inició la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de la abogada Claudia González, pero no permitió el ingreso de periodistas ni observadores internacionales. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.
Además, denunció que esta no es la primera vez que el MP usa publicaciones de medios y redes sociales para justificar la reserva de casos o señalar a periodistas de «obstaculizar la justicia». «Es grave que se criminalice a la prensa y se la haga responsable de amenazas, cuando en realidad se trata de un intento de censura e intimidación» añadió.
Finalmente, rechazó el uso de recursos fiscales para atacar a la prensa en lugar de investigar delitos. «Ser periodista no es delito. Hacer periodismo no es un crimen. Esta intimidación viola la Constitución y derechos fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información», concluyó.
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