Aumento de sueldo de diputados fue planificado hace casi cuatro meses y sigue vigente
Los diputados del Congreso mantienen sueldos que van de los Q66 mil a los Q97 mil mensuales, recibiendo la remuneración más alta el presidente del Congreso, Nery Ramos. Estos sueldos fueron autorizados con su presupuesto para el 2025 pero comenzaron a ser pagados desde febrero.
El Congreso se recetó un incremento salarial el pasado 26 de noviembre, cuando se encontraban aprobando su presupuesto de gastos para este año. La propuesta no había sido conocida con anterioridad y tomó, a los medios de comunicación y organizaciones de fiscalización, por sorpresa.
Por medio de una enmienda firmada por varios diputados se incluyó en el acuerdo 31-2024 un aumento salarial para los diputados. En la misma explican que buscan no ganar menos que un magistrado de Corte de Apelaciones.
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El documento en el que presentaron la moción tenía firmas que hacían imposible identificar a los diputados que la apoyaban y solo uno añadió su nombre: Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal.
El caso escaló en las Cortes con la esperanza de frenar el incremento salarial para los diputados, pero hasta ahora, pese al esfuerzo legal, el aumento sigue vigente.
Fechas clave en el aumento salarial de diputados
Aunque los diputados aprobaron su aumento salarial desde noviembre de 2024, llegar al pago con el incremento tuvo algunas etapas que no fueron públicas. Por el contrario, su proceso se negó en más de una ocasión por diputados de la Junta Directiva.
El 29 de noviembre el diputado José Chic del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó un amparo que fue dado con lugar el 16 de diciembre. Se frenaron indemnizaciones que los diputados también se habían autorizado, pero la Corte no se pronunció con el aumento salarial.
Por el contrario, en las consideraciones de su resolución provisional explicaron que la Junta Directiva debía de analizar las readecuaciones presupuestarias, para luego retomar la discusión para una posible ratificación ante el pleno del Congreso.
El 14 de enero se retomó el nuevo periodo de sesiones ordinarias dentro del Congreso. En declaraciones el presidente del Legislativo dijo que no estaban analizando el informe sobre el posible incremento porque el tema no era una prioridad.
El 4 de febrero según el acta 10 de la Junta Directiva del Congreso durante una sesión se tomó la decisión de darles un incremento salarial a los diputados, teniendo una remuneración base de Q46 mil 700 al mes.
En fechas posteriores se le preguntó al presidente del Congreso y a la primera secretaria, Karina Paz, quienes indicaron no se había tomado alguna decisión, pero los documentos demostraron lo contrario.
El 25 de febrero la Junta Directiva emitió el acta 21-2025, en donde se materializó el incremento de sueldo para los diputados. Ese mismo día el presidente del Congreso había negado el tema y catalogada como falsa la información que ya exponía los medios de comunicación.
El 26 de febrero, Prensa Libre público el acta 10-2025 y el presidente Ramos tuvo que reconocer el incremento salarial. Aunque se desligó del tema diciendo que no formó parte de las sesiones y que el votó en contra del aumento en noviembre pasado.
El 28 de febrero los diputados recibieron sus nuevos sueldos, pero no se les retiraron los beneficios económicos como gastos de representación y dietas, haciendo que los diputados recibieran salarios que van de los Q66 mil a los 97 mil, considerando que los jefes de bloque e integrantes de la directiva reciben bonificaciones más altas.
El 11 de marzo la CC rechazó una debida ejecutoria que buscaba suspender el incremento porque no se llevó la discusión al pleno. Entre los argumentos de la Corte destacó que el documento iba mal planteado y que no se había atacado el acta que materializó el aumento.
Luego del 12 al 15 de marzo el excandidato presidencial Armando Castillo; la organización Acción Ciudadana; y el diputado José Chic, han presentado nuevas acciones a la CC.
Ahora la Corte tiene amparos contra las actas 10 y 21 de la Junta Directiva y una ampliación por la evasión de la Junta Directiva de llevar la discusión ante el pleno del Congreso.
