Bloques de oposición anuncian batalla legal contra el seguro obligatorio para vehículos
Los reglamentos de transporte anunciados recientemente por el Gobierno de Guatemala generaron bloqueos en distintos puntos del país, mientras que diputados de oposición advierten sobre medidas legales contra los acuerdos.
El Organismo Ejecutivo, mediante tres acuerdos del Ministerio de Gobernación, divulgó las nuevas disposiciones que deberán entrar en vigencia el próximo 1 de mayo. Sin embargo, las medidas que obligan a la contratación de un seguro para vehículos ha generado descontento social.
Ahora, los diputados y bloques que no impugnaron el aumento de su sueldo están dispuestos a presentar acciones legales ante las Cortes, al dudar de la legalidad de los nuevos reglamentos.
Las disposiciones del Ejecutivo ordenan a todos los conductores contar con un seguro ante posibles accidentes. No hacerlo implicaría una multa de Q500 para motocicletas, Q800 para vehículos y Q4 mil para autobuses.
Presentan amparos
La jornada de bloqueos del 18 de marzo cerró con la presentación de dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). El bloque Todos presentó una acción de amparo contra la decisión que tomó la administración de Bernardo Arévalo porque “violenta y restringe el derecho constitucional de a la libre locomoción”.
El diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), también acudió a la CC para presentar un amparo. Chic argumentó que el reglamento para la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil contra terceros supone una amenaza cierta e inminente a los derechos de libertad de acción y seguridad vial, así como a los principios de economía familiar, autonomía de la voluntad, proporcionalidad y racionalidad por parte del Mingob, la entidad emisora de los acuerdos que formalizan la medida.
Los bloques legislativos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Nosotros presentarán acciones de amparo, mientras que la agrupación Vamos analiza cuál es la mejor estrategia legal para combatir los acuerdos sobre el seguro obligatorio.
“La causa de los accidentes no es la falta de un seguro, sino la Dirección de Tránsito, que vende licencias, y un Departamento de Transporte que, en lugar de vigilar, solo instala puestos de asalto”, dijo el diputado Inés Castillo, jefe del bloque UNE.
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Para Castillo, la decisión de la Presidencia podría obedecer a un acuerdo que busca favorecer a un sector en particular. “Esta decisión del Ejecutivo es un negocio para el sector financiero de los seguros. Calculamos que, con esta medida, se pagarán más de 1,000 millones de dólares al año en seguros”.
Aunque considera que contar con un seguro es importante, la forma en que el Ejecutivo lo promueve podría generar problemas, de acuerdo con Nadia de León, del bloque Nosotros. La diputada asegura que presentará otro amparo, pues no comparte la disposición.
“Es una medida errónea en este momento, porque, sin ninguna planificación, afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos trabajadores. Hay aumentos en la canasta básica y en los servicios, cuando ni siquiera tenemos carreteras”, comentó.
Para el diputado Héctor Aldana, la disposición también es equivocada. Incluso considera que podría haber vacíos legales que el Ejecutivo no contempló al momento de emitir el reglamento. “Como diputados de la bancada, evaluaremos los alcances y tomaremos las medidas legales que sean necesarias”, afirmó.
Piden prórroga y reconsideración
El diputado Cristian Álvarez, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), busca impulsar un punto resolutivo que permita ampliar el tiempo estipulado en los acuerdos, para que la población pueda planificar sus finanzas y adaptarse a las nuevas medidas.
Además, el diputado anunció la presentación de la Ley de Control y Supervisión del Transporte de Carga y de Pasajeros, una iniciativa que busca mejorar la vigilancia para la prevención de accidentes, sin recurrir a la obligatoriedad de un seguro contra accidentes.
Para Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, las decisiones del Ejecutivo no han sido las más acertadas. Incluso duda de los fundamentos técnicos que llevaron a establecer un catálogo de multas ante posibles futuras infracciones a los reglamentos.
“Obligar a adquirir un seguro no es la medida correcta que el Ejecutivo debió tomar. Parece que está endosando la responsabilidad a la población (…) Es legítima la postura de la ciudadanía”, afirmó.
Por su parte, los diputados del bloque VOS emitieron una carta pública solicitando al presidente Bernardo Arévalo reconsiderar la medida.
“No responde a la necesidad de generar un seguro adecuado y podría tener repercusiones negativas para los guatemaltecos”, explicó el diputado Orlando Blanco.
Respaldan al Gobierno
El diputado Ronalth Ochaeta afirmó que la postura del Movimiento Semilla es respaldar al presidente, al considerar que la decisión es oportuna. Incluso destacó que esta es una de las acciones que buscan prevenir tragedias en las carreteras.
“La población demandó una acción tras el accidente en la calzada La Paz, y esta es una respuesta. Nosotros estamos del lado del Gobierno porque vemos con buenos ojos que quieran cumplir la ley”, expresó.
El oficialista destacó, además, que esta norma es algo habitual en gran parte del mundo. “Esto no es nada nuevo. En la Ley de Tránsito se logró, de alguna manera, establecer la necesidad de que cualquier persona que tenga un vehículo cuente con un seguro. Eso es normal en todos los países, menos en Guatemala”.
Ochaeta resaltó que la medida del Gobierno busca dar orden a un tema que había sido ignorado por otras administraciones. “El reglamento es un avance para el país, dado que pasaron casi 30 años sin su aplicación. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a tener un Estado medio anárquico en cuanto a las responsabilidades civiles y de tránsito”, concluyó.
