Inicia juicio contra agente de la PNC acusado de violar a una menor de 14 años que trabajaba en un comedor
Nery Adelso Martínez Villalta, oficial de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), enfrenta juicio por presuntamente haber violado a una niña de 14 años.
Según las declaraciones de la víctima e investigaciones del Ministerio Público (MP), Martínez acudía a un taller mecánico en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, y a escasos metros se encontraba un comedor, lugar donde trabajaba la joven menor de edad.
De acuerdo con el relato de la niña a las autoridades, comenzó un diálogo con el agente de la PNC y, luego de un tiempo, el uniformado la llevó a un hotel, donde la abusó sexualmente.
El MP señaló que, en algunas ocasiones, el oficial utilizó la patrulla para trasladar a la menor al hotel.
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El 9 de abril de 2024, el ente investigador informó que Martínez Villalta fue ligado a proceso penal por el delito de violación con circunstancias agravantes.
Agregó que, durante la etapa intermedia, el juez de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas le modificó el delito a actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.
La tesis del MP sostiene que el agente cometió el delito de violación y planteará al Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas que modifique la calificación del delito.
La menor de edad también fue abusada por pandilleros
La niña de 14 años que trabajaba en el comedor es una de al menos 12 menores que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de pandilleros del Barrio 18 recluidos en el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, asegura el MP.
“Adolescentes en Peligro” es el nombre del operativo dirigido por el MP y la PNC el 20 de marzo de 2023 contra una estructura que explotaba sexualmente a menores de edad, entre 12 y 17 años.
De acuerdo con el MP y la PNC, una decena de niñas, niños y adolescentes fue explotada y agredida sexualmente por privados de libertad. Incluso, según las pesquisas, una de las víctimas fue violentada sexualmente por 10 pandilleros en un solo día.
El caso, investigado desde hace tres años y aún en desarrollo, comenzó con supuestas relaciones de amistad o romance entre pandilleros y adolescentes. Las menores, ilusionadas, eran invitadas a “divertirse”, pero el destino final era el Preventivo de la zona 18.
Una de las víctimas relató al MP cómo operaba la estructura para permitirle el ingreso a ese centro carcelario e incluso pernoctar allí durante dos o tres noches.
La declaración fue ofrecida en 2022 y la víctima contó que fue obligada, junto con otras niñas, a tener relaciones sexuales con miembros del Barrio 18 en el sector 11, luego de haber sido reclutada en una colonia de la Ciudad de Guatemala.
Las investigaciones preliminares revelan que, en zonas donde tiene presencia el Barrio 18, hay mujeres —madres de niñas o adolescentes con vínculos con pandilleros— que se encargan de captar a otras menores, incluso a través de redes sociales.
La unidad especializada del MP documentó el ingreso de niñas y adolescentes, entre 12 y 16 años, a cárceles donde fueron abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a la pandilla y sus diferentes clicas.
Modo de operar
La investigación identificó el modo de operar de la estructura criminal para captar a las menores y obligarlas a integrarse a diferentes clicas.
Las víctimas eran captadas en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, redes familiares, centros educativos y otros espacios, donde iniciaban el contacto con miembros de pandillas.
Posteriormente, eran trasladadas en vehículos conducidos por colaboradores (taxis, mototaxis y buses urbanos), costeados por los pandilleros o por dinero que las adolescentes obtenían de sus padres.
En esa relación de confianza, las menores accedían a salir, presuntamente para visitar centros comerciales, pero en el trayecto cambiaban el destino hacia el Preventivo de la zona 18.
En los automotores, usualmente taxis piratas, viajaba también la hija biológica de la reclutadora. A pocos metros del recorrido, ella descendía del vehículo y solo continuaba la niña o adolescente reclutada. Es allí donde comenzaba el calvario.
Las mujeres vinculadas con la pandilla usaban las certificaciones de nacimiento de sus hijas para ingresar a otras menores en el centro carcelario, donde eran entregadas a los pandilleros, quienes abusaban de ellas sexualmente.
Todo esto ocurrió con la aparente permisividad de los guardias penitenciarios, quienes, presuntamente, recibieron sobornos para permitir este tipo de violencia sexual dentro del presidio. Como resultado de estos hechos, fueron capturadas y ligadas a proceso penal 29 personas, entre ellas 19 guardias del Sistema Penitenciario.
