Seguro obligatorio en Guatemala: la discusión “se apagará” en las mesas de diálogo
La obligatoriedad para los conductores de contar con un seguro de responsabilidad civil contra terceros resultó ser una esperanza efímera. Así lo considera la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, pues, con la derogación del acuerdo que daba vigencia a la medida, nuevamente los guatemaltecos quedan desprotegidos ante atropellos y todo tipo de percances viales en los que pueden perder la vida.
César Bol, vocero de la organización, señala que revertir la implementación del seguro responde al capricho de pequeños sectores que no representan el sentir de toda la población. Lamenta que la decisión sea una medida dilatoria y que el tema se diluya con el paso de los meses.
¿Cómo se recibe la derogación de la obligatoriedad del seguro para vehículos por parte del Ejecutivo?
La noticia fue amarga. No había razón para derogar un reglamento que protegía a más de 15 millones de guatemaltecos que no tienen vehículo. Quienes se oponían no presentaron ningún argumento científico ni legal para justificar su eliminación; simplemente fue un capricho pedir que se quitara.
Nunca se presentaron razones válidas. En su momento, se argumentó que afectaría la canasta básica, pero estudios recientes indican que el costo del seguro oscila entre tres y 10 centavos diarios, lo que demuestra que su impacto es mínimo.
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Dicen que conformarán mesas técnicas y que la medida se postergará por un año, pero ¿cuántas víctimas se sumarán en ese tiempo sin recibir apoyo económico? Mientras tanto, pequeños grupos de transportistas tienen vía libre para seguir causando muertes y mutilaciones en las carreteras sin asumir su responsabilidad. Es lamentable.
Además, el artículo 29 de la Ley de Tránsito de 1996 establece esta obligatoriedad. La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente de la República cumplir con dicho artículo, ya que su propósito es beneficiar a todos los guatemaltecos.
¿Cuánto tiempo pasó hasta que se implementara la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros?
El tema comenzó a abordarse en 2019, impulsado por la Asociación de Víctimas de Tránsito de Nahualá, tras un accidente en el que murieron 18 personas y 25 más sufrieron mutilaciones. Posteriormente, asociaciones de víctimas a nivel nacional se sumaron a la iniciativa, lo que permitió proponer un reglamento y respaldarlo con el artículo 29 de la Ley de Tránsito.
No se trata de un proyecto de este gobierno, sino de una necesidad real derivada de las miles de muertes y discapacidades causadas por accidentes de tránsito en Guatemala. No fue un capricho ni una decisión arbitraria.
¿Quiénes participaron en esas discusiones?
Alrededor de 500 organizaciones, entre asociaciones, emprendedores, propietarios de taxis, pequeños transportistas, sectores de mujeres y cooperativas, se sumaron a las discusiones motivadas por la realidad en sus departamentos y por las víctimas de tránsito.
Posteriormente, se llevaron a cabo varios ejercicios de socialización a nivel departamental. También se realizaron mesas técnicas con convocatoria abierta para quienes tuvieran observaciones, siempre que estas contaran con fundamentos legales.
Un pequeño grupo de transportistas tiene vía libre para seguir causando muertes y mutilaciones en las carreteras sin asumir su responsabilidad.
¿La implementación del seguro para vehículos fue una medida improvisada?
Por supuesto que no. A este gobierno se le presentó la socialización del reglamento, y el tema se reactivó tras el busazo ocurrido el mes pasado en la calzada La Paz, donde murieron 54 personas. A partir de ahí, se retomó un reglamento aplicable para todos. No surgió de la nada, sino que fue consensuado y socializado a nivel nacional.
¿Por qué hubo tanta oposición a la implementación del seguro para vehículos?
Existen intereses que mantienen a Guatemala en las condiciones actuales. Algunos sectores tomaron el tema para beneficio propio, con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Hubo manipulación y desinformación. Me atrevo a señalar directamente que muchos de los motoristas que bloquearon carreteras ni siquiera tienen licencia, y una gran parte de sus motocicletas carece de documentos o su origen es desconocido.
¿Por qué es importante que los vehículos cuenten con un seguro contra terceros?
Más del 50% de los accidentes involucran motocicletas, y más del 60% del presupuesto hospitalario se destina a la atención de víctimas de tránsito. El costo diario de atender a una de estas víctimas es de Q8 mil, y el tiempo mínimo de hospitalización es de 15 días, lo que supera los Q100 mil por paciente. Por ello, es un tema que debe abordarse con urgencia.
Por otro lado, más de 15 millones de guatemaltecos no tienen vehículo y dependen del transporte colectivo. En el país circulan alrededor de 5 millones de vehículos, no todos con propietarios individuales, pues algunas unidades pertenecen a corporaciones. Esta es una estadística irrefutable. No hay argumento válido para derogar el reglamento del seguro.
¿Qué ocurrirá ahora que el presidente Bernardo Arévalo ha propuesto mesas técnicas?
Hablar de mesas técnicas es una medida dilatoria, sin sentido ni objetivo claro, que solo busca atender a una pequeña representación del sector transporte a nivel nacional. Es una estrategia para que el tema se apague con el tiempo, permitiendo que los accidentes continúen sin que los responsables asuman sus obligaciones.
¿Quiénes se oponen al seguro obligatorio?
La opinión está dividida. Una gran parte de los propietarios de vehículos particulares y de empresas considera que el reglamento y el seguro obligatorio son necesarios. No se puede generalizar, pues hay guatemaltecos responsables que apoyan la medida. Sin embargo, un grupo reducido intenta incidir negativamente en toda la población.
¿Cree que el seguro para vehículos quedará en el olvido y no se implementará?
Por supuesto, ese es el objetivo de algunos sectores. Solo basta preguntarse cuántas víctimas, en el transcurso de un año, perderán la oportunidad de recibir apoyo económico debido al capricho de un grupo minoritario que ha salido a las calles respaldado por intereses políticos.
Se trata de una decisión arbitraria que, en última instancia, sacrifica a las víctimas en todo el país. Es inhumano.
¿Qué sucederá ahora?
Evaluaremos si continuamos con este tema o si desarrollamos un plan estratégico. Debemos definirlo con claridad, pues no sería justo dejar sin voz a las víctimas de tránsito en el país. Hay que recordar que cualquiera puede convertirse en una víctima de tránsito, y debe existir un contrapeso frente a estos supuestos líderes transportistas que buscan perpetuar el aumento de víctimas y el incremento de la pobreza, pues cuando ocurre un accidente, la víctima no recibe ningún tipo de compensación.
¿Participarán en las mesas técnicas que propone el gobierno para discutir el reglamento y el seguro?
Aún lo desconocemos, ya que se habla de una mesa técnica sin planificación, sin estrategia, sin un plan operativo ni una metodología clara. Solo parece un intento por calmar la situación, y eso no es aceptable.
Estos mismos transportistas exigieron la derogación del seguro en 2020. En ese entonces, se instalaron pequeñas mesas de diálogo en las que llevaron a sus pilotos y ayudantes, pero solo acudieron para gritar y desestabilizar las discusiones. Existe un antecedente que demuestra que no tienen la voluntad ni la conciencia social para llegar a acuerdos. Lo hicieron con el gobierno anterior y seguramente lo repetirán con el actual.
Existe un antecedente que demuestra que no tienen la voluntad ni la conciencia social para llegar a acuerdos. Lo hicieron con el gobierno anterior y seguramente lo repetirán con el actual.
¿Cuál debería ser la postura del actual gobierno frente a esta problemática?
Debe enfocarse en un enfoque humano, social y legal, que beneficie a todos los guatemaltecos. ¿Por qué legal? Porque la obligatoriedad del seguro está establecida en la Ley de Tránsito y ha sido ratificada por la Corte de Constitucionalidad para garantizar la protección de más de 18 millones de ciudadanos.
No hay motivo válido para oponerse. El presidente debió velar por el interés de toda la población y no ceder ante el capricho de unos pocos. Si bien hubo una fuerte presión para derogar el seguro, quienes impulsaron esta medida carecían de argumentos legales y fundamentos científicos. Su postura respondió únicamente a intereses particulares.
