Seguro obligatorio: qué falló y qué provocó las abruptas y agitadas manifestaciones en la capital
Arte: Alejandro Ramírez.
La capital guatemalteca vivió dos días de crisis entre martes y miércoles de la semana pasada a raíz del anuncio del Gobierno de implementar la obligatoriedad de que todos los vehículos debían contar con seguro.
En varios puntos de la capital guatemalteca se concentraron grupos de inconformes que bloquearon el tránsito vehicular en puntos clave en demanda a que el Gobierno diera marcha atrás con la medida.
De esa forma, se cerró el paso —entre otros puntos— en el Periférico, zona 7, carretera al Atlántico y a la Costa Sur, en el Trébol, entre las zonas 7 y 11, y al final de la calzada Roosevelt.
Finalmente, el Gobierno inició un diálogo con grupos de inconformes y en la noche del miércoles 19 el presidente Bernardo Arévalo anunció la derogación de los acuerdos gubernativos que daban vida al seguro obligatorio y anunció la conformación de mesas técnicas para discutir la implementación del artículo 29 de la Ley de Tránsito que es la que contiene la obligación.
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IMPLEMENTACIÓN INCORRECTA
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz considera que los opositores del gobierno aprovecharon el descontento generalizado por la obligación de adquirir un seguro para vehículo; no obstante, considera que la crisis vivida entre 18 y 19 de marzo fue «autoinflingida» ya que «implementar una buena ley puede ser tan dañino como aplicar correctamente una mala».
«En el contexto actual, exigir en solo 45 días que todos los conductores de motocicletas, una parte grande sin licencia de conducir vigente, contraten un seguro, estaba muy por encima del nivel real de cumplimiento», apuntó el analista. Al mismo tiempo de indicar que antes de lanzar una nueva obligación se debe fortalecer el control de las normas ya vigentes.
Por ejemplo, verificar el cumplimiento de portar licencia, la velocidad, el uso de casco —en los motoristas—, el número de pasajeros por vehículo, entre otras obligaciones. Pero «imponer de golpe una nueva obligación era una receta para el descontento, la confusión y la desinformación», precisó Ortiz, quien cree que un cambio así debe hacerse por fases, primero por el transporte urbano o de carga, luego vehículos particulares y por último motocicletas.
Se debió explicar, subrayó, «qué significa tener un seguro contra terceros, cómo funciona y por qué es importante. Mucha gente nunca ha contratado uno». Además, expuso que se tiene que abrir un diálogo serio con las aseguradoras y revisar el marco regulatorio que las rige y explorar opciones accesibles para quienes tienen menos recursos.
«Ya vimos, durante el gobierno de Giammattei, lo problemático que fue imponer esta obligación al transporte urbano. Primero se postergó y luego se terminó derogando. Este nuevo intento repitió el mismo error. Cuando una norma no se ha hecho cumplir por tanto tiempo, su implementación exige una hoja de ruta clara, gradual y bien comunicada», detalló.
¿FUERON MANIPULADAS?
Otros analistas consultados por La Hora señalaron que las protestas del 18 y 19 de marzo llevaban una buena dosis de inconformidad ciudadana —por ser una obligación, en buena medida desconocida y porque afecta directamente el bolsillo—, pero que esta fue aprovechada por políticos de oposición, quienes las manipularon e incitaron.
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Un elemento para sospechar, aseguran, es que no hubo protestas en contra del incremento salarial que se recetaron los diputados de más de Q37 mil, pero sí con la implementación de un reglamento, basado en una ley que existe de hace casi 30 años.
«Hubo una logística bien calculada», afirma José Alfredo Calderón, historiador y analista político, quien también cree que los organizadores se encargaron de desinformar a la gente para que se sumara a las protestas, tratando de legitimarlas con que el argumento de que el Gobierno golpearía el bolsillo de los guatemaltecos, «y toda la gente se fue con la finta».
«Por primera vez, y a eso hay que ponerle mucha atención, se juntó la protesta ilegítima con la protesta legítima y eso es muy grave porque demuestra la facilidad con que se puede manipular a la población», subrayó el entrevistado.
En la misma línea, Lindsay Tillit, analista política de la organización Alas de Mariposa, afirmó que las protestas fueron «organizadas y orquestadas». Por ejemplo, enfatizó, en la Universidad de San Carlos «los que hicieron los bloqueos eran encapuchados que han estado asociados a Walter Mazariegos».
«El pacto se aprovechó de la indignación en el tema de los seguros y usó eso para organizar estas manifestaciones», aseveró la analista.
QUIEREN MANTENER LA COOPTACIÓN
Tillit vaticinó que este tipo de protestas manipuladas va a continuar y «mucho más fuerte» porque el asunto de fondo de los opositores del gobierno es mantener los espacios de poder en el Ministerio Público (MP) y en la Corte de Constitucionalidad (CC) cuya elección de máximas autoridades se desarrollará en 2026, aunque también tienen en la mira otras elecciones como la del procurador de Derechos Humanos o la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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«Todo esto está orquestado en función de mantener el poder en estos órganos del Estado», por eso la apuesta del «pacto de golpistas», dijo, es que se llegue el 2027 con un Gobierno muy desgastado y debilitado. De esa cuenta, como van las cosas, ironizó, «el principal logro del gobierno será llegar a cumplir con su —periodo de— mandato».
Calderón agrega que luego de la decepción que este sector opositor al gobierno se llevó con la vista del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien respaldó a la administración de Arévalo, el objetivo se centró en debilitar al Ejecutivo, en lo cual han sido muy eficientes.
«Ellos no cesan en su afán golpista —y piensan— si EE. UU. no nos apoyó nosotros vamos a hacer el trabajo y cuando el Gobierno ya no se sostenga va a caer por su propio peso, cuando ya nadie los respalde», advirtió el analista político.
Además, recordó que el hecho de que EE. UU. no apoyara a los extremistas de derecha de Guatemala no significa que «mecánicamente apoyan a Arévalo y a su gobierno». «EE. UU. apoya su agenda migratoria, de seguridad. Ellos no van a defender a un gobierno que no se sabe defender a sí mismo», concluyó.
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QUÉ HACER
Calderón y Tillit lamentan las escasas respuestas atinadas del Gobierno ante la amenaza «golpista», de la cual, parece que no se han percatado.
En vez de eso, señala Calderón, no se ven cambios visibles después de cada crisis y parecen adoptar posturas prepotentes y no estar abiertos a la crítica. «El Gobierno parece como aquellos bolitos que, pese a los regaños, no reaccionan y siguen la adicción y echándose los tragos», dijo.
Tillit agregó que las autoridades del Ejecutivo deben tener en el radar ese riesgo. «Honestamente, este Gobierno no ayuda, no ven esos análisis de riesgo y este tipo de protestas se van a intensificar», puntualizó.
Ambos analistas creen que si el Gobierno pretende enderezar el rumbo debe mejorar de manera urgente su comunicación y la ejecución del presupuesto porque «la población necesita resultados concretos».
BLOQUEOS EN TODO EL PAÍS
Esta no es la primera vez que se intenta implementar este seguro, como tampoco es la única en la que se producen muestras de inconformidad y bloqueos. Los guatemaltecos recuerdan en especial las jornadas de protestas de enero de 2022, en donde al menos 30 puntos en todo el país fueron bloqueados por inconformes (por momentos llegaron a ser 50) en rechazo al Acuerdo Gubernativo 17-2020, que reglamentaba el seguro obligatorio para el transporte de pasajeros y de carga.
La jornada de protestas ocurrió entre el 24 y el 26 de enero. En algunos puntos el bloqueo fue continuo, lo que causó caos y la desesperación entre los afectados.
En aquella oportunidad el motivo de las protestas fue la implementación del referido acuerdo, Reglamento para la Contratación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y Carga, que firmó en sus últimos días al frente del Gobierno el expresidente Jimmy Morales.
Este acuerdo establecía la obligatoriedad del seguro, pero su entrada en vigencia fue aplazada en cuatro ocasiones hasta que, en junio de 2022, finalmente fue derogado. Cámaras empresariales denunciaron “pérdidas multimillonarias” debido a estas medidas de hecho.
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La norma cobró vigencia el 20 de febrero de ese año y establecía que el primer pago y contratación del seguro debía hacerse en el transcurso del siguiente mes posterior a la publicación; sin embargo, con la llegada de la pandemia del coronavirus a Guatemala se pospuso al menos cuatro ocasiones.
De prórroga en prórroga se llegó a enero de 2022, cuando el gobierno de Alejandro Giammattei publicó el Acuerdo Gubernativo 9-2022 que estableció un plazo de 30 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del primer Acuerdo (febrero de 2020) para que los transportistas contrataran el seguro.
Es decir, según esta nueva disposición, tendrían hasta el 20 de agosto de 2022 para hacerlo. La publicación del acuerdo fue la llama que encendió la mecha con la cual se desataron las protestas, que, a diferencia de las de esta semana, ocurrieron a nivel nacional.
En algunos puntos los bloqueos fueron continuos, de acuerdo con reportes de prensa.
POLÉMICA
A raíz del accidente de tránsito que ocurrió el pasado 10 de febrero cuando un bus del transporte extraurbano cayó bajo el puente Belice desde la calzada La Paz y dejó más de un centenar de muertos, las autoridades pusieron sobre la mesa la obligación de contar con el seguro para el transporte de carga y de pasajeros, pero también para los vehículos en general.
Además, la propia Corte de Constitucionalidad (CC) ya había rechazado inconstitucionalidades en contra de esta obligación y exhortó al Gobierno a reglamentar la implementación el seguro contenido en la Ley de Tránsito.
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De esa forma el pasado lunes 17 de marzo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer la implementación de los acuerdos gubernativos que especificaban que el seguro era para motos, vehículos particulares, de transporte de pasajeros y de transporte de carga y que debían contratarlos en un plazo de 45 días.
Según Jiménez, dichos reglamentos se implementarían para ”garantizar indemnizaciones por muertes o lesiones en accidentes de tránsito”.
“No se trata solo de hacer nuevos reglamentos de tránsito, se trata de corregir una deuda histórica con nuestra sociedad (…) Durante décadas han documentado el dolor en las carreteras (…) Estos no solo son titulares, son vidas perdidas”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.
Sin embargo, al día siguiente las muestras de inconformidad se dejaron sentir, algunos analistas han calificado las protestas como “coordinadas” y han dejado entrever que fueron aprovechadas por políticos, opositores del gobierno.
En ese sentido, las redes sociales documentaron varios videos que comprueban cómo algunos de los organizadores de los bloqueos han tenido vínculos con partidos políticos.
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