Médicos se suman a la exigencia de aumento salarial para trabajadores del Ministerio de Salud
En el Ministerio de Salud hay más de 10 mil médicos que laboran en distintos servicios de atención pública, gremio que también exige ser tomado en cuenta en la discusión del incremento salarial, pues los sindicatos que han salido a las calles para reclamar dicho aumento no los representan.
Las movilizaciones registradas en los últimos 15 días tienen como detonante el artículo 140 del Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.
Dicho artículo establece que el Ministerio de Salud debe financiar este año un incremento salarial y un incentivo económico, la reclasificación del personal, la continuación del traslado de contratistas temporales a renglón permanente, así como el incremento del monto de las becas de estudio para los epesistas de la carrera de Medicina. Para ello, la cartera deberá readecuar su presupuesto.
Abner Vásquez, médico, abogado y secretario general del Sindicato de Profesionales Universitarios de las Ciencias de la Salud Afines y Colaterales, menciona que, como grupo, fueron ellos quienes llevaron al Congreso de la República la propuesta del artículo 140, y que esta fue una lucha de varios años.
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“Estamos exigiéndolo, porque nosotros propusimos este artículo 140. Empezamos con todos los diputados, pero quien llevó el artículo fue la diputada Karla Cardona, y es ahí donde nace la ley”, refiere el profesional. Este fue aprobado en noviembre pasado como una enmienda al Decreto 36-2024. Se refiere a la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), actual secretaria de la comisión de Salud del Congreso.
Por otro lado, señala que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), con el que el Ministerio de Salud aceptó negociar el cumplimiento del artículo, no representa al gremio de profesionales.
“¿Cómo es que Luis Alpírez ―secretario general del SNTSG― puede negociar, si él no es el máximo órgano? El máximo órgano es la Asamblea, y se tuvo que preguntar si lo facultaban para firmar en nombre de los profesionales, pero nunca hubo tal Asamblea”, dice Vásquez, por lo que no puede negociar en nombre de ellos.
El médico y abogado dice tener respaldo en el artículo 51, literal c), del Código de Trabajo, el cual establece que una empresa o centro de producción que emplee a trabajadores de distintas profesiones u oficios debe negociar el pacto colectivo con el conjunto de los sindicatos que represente a cada uno, si estos se ponen de acuerdo. De lo contrario, cada sindicato puede “exigir que se negocie un pacto colectivo con él, para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio”.
Vásquez asegura que, como organización sindical, representan a más de 10 mil 700 afiliados, por lo que son el sindicato mayoritario de los profesionales y los técnicos universitarios que laboran para el Ministerio de Salud.
Agrega que Alpírez representa al sindicato mayoritario del personal operativo y que no se oponen a que negocie a favor de dicho grupo; sin embargo, no le autorizan a proponer acciones que no favorezcan a los profesionales.
Lo anterior se debe a que, según Vásquez, por negociaciones realizadas entre el SNTSG y las autoridades de Salud en 2022, se acordó un aumento de Q300 mensuales para los profesionales, mientras que los demás trabajadores recibieron Q1 mil 300. Desde esa fecha, cada profesional ha dejado de recibir Q39 mil.
“Tenemos que sentarnos. Entendemos que el problema se puede arreglar si formamos un pacto colectivo y trabajamos de la mano”, agrega.
Cabe recordar que en el 2018 los médicos y profesionales de la salud salieron a las calles a reclamar una dignificación salarial, lo que llevó a suspensión de cirugías electivas y atención limitada en consultas externas que duró varios días.
Demandas
Los profesionales exigen una mejora salarial, cuya cantidad aún definen, pero rechazan el incremento de Q1 mil que propone el Ministerio de Salud.
Además, demandan la reasignación de puestos, ya que hay personal que ocupa plazas como paramédico pero cuenta con créditos académicos de licenciatura. A este grupo deberán ascenderlo y continuar haciéndolo conforme acrediten una especialización, con el fin de “mantener el equilibrio” en la carrera administrativa escalafonaria.
Por otro lado, hay cerca de 7 mil profesionales ―entre médicos y profesionales afines, trabajadores sociales, psicólogos, químicos farmacéuticos, terapistas respiratorios, técnicos universitarios en Enfermería, entre otros― que desde 2018 esperan el traslado a una plaza 011, lo que les garantizaría el acceso a prestaciones de ley, como bono 14, aguinaldo, vacaciones y seguro social.
“¿Qué es lo que esperamos? Sentarnos a la mesa, pero en condiciones sin coacción, diciendo: bueno, señores, vamos a tener un aumento salarial digno para todos”, indica, y añade que no han salido a las calles porque son respetuosos de la ley.
“Estamos pidiendo que se sienten, pero también estamos exigiendo el cumplimiento literal de la ley. La ley no se negocia, se invoca. Y si dice que todos deben pasar a renglón 011, entonces, incorpórenlos”, añade el entrevistado.
Acompañamiento
La exigencia de un incremento salarial para los profesionales cuenta con el respaldo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (Colmedegua).
“Como colegio, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestros estatutos, en los que se nos pide velar por los intereses de los agremiados que laboran dentro del Ministerio de Salud, y a quienes estamos acompañando desde nuestra Comisión de Defensa Gremial”, indica el médico José Ernesto Galdámez Samayoa, vocal I de Colmedegua.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala que el colegio se constituye en “un grupo de presión” y que los médicos buscan en esta un respaldo, ya que no se sienten representados por los grupos sindicales que han salido a las calles a pedir el aumento.
Agrega que las mejoras salariales acordadas en otras instituciones, como la Policía Nacional Civil, provocan esta escalada de exigencias de mejores condiciones laborales.
Por otro lado, el aumento y los demás puntos mencionados en el artículo 140 del Decreto 36-2024 no se plantean como una oportunidad de negociación, sino como un mandato, lo que deja al Gobierno en la obligación de concederlos.
El reto para el Ejecutivo es optar por una política salarial del sector público, pues existen salarios desproporcionados. También debe haber coherencia con el discurso de austeridad en el gasto, principalmente en la alta burocracia, agrega Linares.
