Autoridades indígenas exigen a la CC resolver en contra del aumento salarial de los diputados
Diputados del Congreso de la República. Foto: José Orozco / La Hora
Diversas autoridades mayas, xinkas, garífunas y ladinas, se pronunciaron por medio de un comunicado este jueves 10 de abril para exigir a la Corte de Constitucionalidad que declare con lugar la suspensión del aumento salarial de los diputados.
Esta solicitud de las autoridades indígenas surge luego de conocer que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieran no otorgar amparo provisional que buscaba frenar dicho incremento.
El amparo había sido promovido por el excandidato a presidente Armando Castillo, secretario general del partido Viva.
RECHAZAN RESOLUCIÓN DE MAGISTRADOS
Las autoridades indígenas manifestaron su rechazo a la decisión tomada por los magistrados Nester Vásquez, Dina Ochoa, Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, quienes integraron la mayoría que votó contra la suspensión del incremento salarial.
En el comunicado, resaltan que la única magistrada que emitió un voto disidente a favor del amparo fue Leyla Lemus, designada por el expresidente Alejandro Giammattei.
AUMENTO FUE DE FORMA ARBITRARIA
El comunicado además señaló que el aumento salarial se dio de forma arbitraria, abusiva y sin justificación técnica o ética, mientras la mayoría de la población enfrenta condiciones críticas de pobreza.
Además, recordó que el 61.6% de los guatemaltecos viven en pobreza multidimensional, mientras que el 11.7% de los hogares no cuenta con una vivienda digna, según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
«Exigimos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resuelvan con base en los principios del bien común, justicia social, transparencia y austeridad, no por favores políticos ni presiones externas», expresaron las autoridades.
CUESTIONAN DECLARACIONES DE MAGISTRADO
De igual manera, las declaraciones del magistrado Molina Barreto fueron cuestionadas, tras indicar que la Corte «no invade funciones de otros órganos del Estado».
En ese sentido, indicaron que la CC debe garantizar el respeto a los derechos humanos y principios constitucionales, y no limitarse a una función meramente observadora.
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