Juez Laynez suspende audiencia que definiría si se reabre el caso por intimidación a periodista de La Hora
La audiencia se reprogramó para el próximo 30 de septiembre. Foto La Hora: Fabricio Alonzo
El juez Pedro Laynez suspendió la audiencia en la que la defensa del periodista de La Hora, Diego España, se opondría a la decisión del Ministerio Público (MP) de desestimar la investigación abierta contra dos agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), señalados de haberlo intimidado en la sede del medio.
La denuncia fue presentada de oficio por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas tras un pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), que condenó los hechos y exigió el cese de acciones intimidatorias contra el reportero. La audiencia estaba programada para este 13 de mayo a las 12:30 horas en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal A, a cargo de Laynez.
Sin embargo, según informó la secretaria del Juzgado al fiscal del caso y al propio España, la diligencia fue suspendida por “imposibilidad material”, ya que el juez se encontraba ocupado analizando un expediente de antejuicio. La audiencia fue reprogramada hasta el 30 de septiembre a las 11:30 horas.
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En esa sesión, Laynez, quien conoció el caso contra el médico Kevin Malouf, deberá resolver si el expediente contra los investigadores debe reabrirse o si se confirma el cierre ordenado por la Fiscalía.
UN OPERATIVO CUESTIONADO
La denuncia contra los agentes de la DEIC se originó tras un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2024, cuando dos investigadores, vestidos de civil, se presentaron sin previo aviso a las oficinas centrales de La Hora para abordar al periodista.
Los agentes le solicitaron su número de teléfono personal, dirección de domicilio y Documento Personal de Identificación (DPI) bajo el argumento de que debían “recabar información” para una futura notificación.
La acción ocurrió pocos días después de que una cuenta anónima en la red social X alertara sobre una supuesta investigación y orden de captura en su contra a solicitud del MP.
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EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando España reveló que la fiscal de la FECI, Sofía Castillo, había sostenido una reunión irregular con la jueza Abelina Cruz en el despacho de esta última. Horas después de la publicación, la fiscal presentó una denuncia penal contra el periodista por el delito de coacción, alegando que se sintió presionada para conceder una entrevista a la salida de dicha reunión en el edificio de Torre de Tribunales.
Además de la denuncia, Castillo solicitó medidas de seguridad ante un juzgado de turno del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), el cual ordenó prohibir el ingreso del periodista tanto a Torre de Tribunales como a la sede central del Ministerio Público.
Dos meses después, el juez José Gilberto Godoy Archila revocó parcialmente dichas medidas, aunque para entonces ya se había abierto una segunda investigación contra España, esta vez en la Fiscalía de la Mujer, por el delito de amenazas. Según reveló el medio eP Investiga, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, habría presionado para que “la conducta del periodista no quedara impune”.
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Así, España enfrenta dos procesos penales por ejercer su labor periodística: uno por coacción y otro por amenazas, ambos impulsados desde fiscalías dirigidas por funcionarios sancionados por Estados Unidos por socavar la justicia en Guatemala.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) estuvo presente como observadora en el proceso. Además, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y la Embajada Británica en Guatemala han expresado su respaldo al periodista Diego España y han condenado el uso del Ministerio Público como instrumento de persecución contra la prensa.
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