Miguel Martínez insiste en limpiar su nombre, pero la Ofac sigue tras él
Miguel Martínez Morales, exdirector del extinto Centro de Gobierno y figura clave durante la administración de Alejandro Giammattei, continúa su intento por revertir la sanción que le impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por su presunta participación en esquemas de corrupción en Guatemala.
Más de un año después de ser incluido en la lista de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 13818, Martínez confirmó en una entrevista reciente con Prensa Libre que el proceso sigue activo y que espera una actualización “a finales de mayo” del 2025.
Según dijo, las autoridades estadounidenses le informarán sobre las pruebas en su contra y le darán la oportunidad de defenderse.
Sin embargo, esa “esperanza” contrasta con el grueso expediente de señalamientos que lo involucran directamente en prácticas corruptas que, según EE. UU., afectaron al Estado guatemalteco.
Intentos por eludir la sanción
Desde que fue designado, Martínez ha buscado desacreditar el castigo impuesto por la Ofac, argumentando —a través de una demanda en EE. UU.— que la sanción es infundada y que le ha provocado daños reputacionales y financieros “irreparables”.
Asegura que no participó en los hechos por los que fue señalado, como la compra irregular de vacunas Sputnik V y la adjudicación de contratos fuera del sistema Guatecompras.
Sin embargo, los señalamientos del Departamento del Tesoro son contundentes. Se le acusa de:
Influenciar procesos de contratación pública para su propio beneficio y el de sus allegados.
Coludirse con otros funcionarios para adjudicar contratos ilegalmente al margen de Guatecompras, fuera de los mecanismos legales.
Utilizar leyes obsoletas de adquisiciones para evitar licitaciones y obtener contratos gubernamentales para empresas en las que tiene intereses financieros.
Solicitar sobornos millonarios para facilitar la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V.
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Un perfil bajo presión judicial
La sanción de la Ofac ha bloqueado todas sus propiedades e intereses financieros en EE. UU., y prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones con él.
A pesar de los esfuerzos por revertirla, el proceso legal sigue su curso.
Paralelamente, el Ministerio Público (MP) solicitó la extinción de dominio de ocho bienes que según los señalamientos, están vinculados al exfuncionario.
Estos incluyen propiedades y vehículos cuyo origen lícito no ha sido justificado. Además, Martínez enfrenta al menos siete casos distintos en su contra, según fuentes fiscales, que abarcan desde supuesto tráfico de influencias hasta enriquecimiento ilícito.
Sanción vigente y sin visos de revocación
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de Brian Boynton, fiscal general adjunto principal, argumentó que la inclusión de Martínez en la lista de sancionados no solo se basó en la Ley Global Magnitsky, sino también en la Orden Ejecutiva 13818, emitida durante el gobierno de Donald Trump para sancionar a quienes estén involucrados en graves abusos a los derechos humanos y corrupción.
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El intento de Martínez por desligarse de la sanción incluye una demanda presentada en EE. UU. contra la directora de la Ofac, Andrea Gacki, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la que exige que se le retire de la lista, además del pago de honorarios legales.
Pero hasta ahora, más allá de sus alegatos legales y declaraciones a la prensa, no ha logrado desvirtuar las acusaciones que lo vinculan a redes de corrupción durante el gobierno de Giammattei.
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