Rehabilitación de tramo de Cocales a Tecún Umán, proyecto adjudicado a Odebrecht, podría reactivarse tras años de abandono
La rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de los 140 km de la CA-02 Occidente, entre Cocales, Suchitepéquez, y Tecún Umán, San Marcos, tienen vía libre para que la Dirección General de Caminos (DGC) promueva una nueva licitación, después de más de nueve años de abandono, por los señalamientos de corrupción contra la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Esa obra fue uno de los puntos revisados recientemente en la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos, instalada con la aprobación de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 2025, la cual, en su último informe, el pasado 16 de mayo, expuso que no hay limitaciones para levantar una nueva licitación, ya que los trabajos fueron liquidados.
En dicha instancia se localizaron las actas de recepción y liquidación, por lo que no hay límites para iniciar un nuevo proceso de licitación de estudios y construcción, se lee en el informe.
Según funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a lo interno de la cartera ya se trabaja en la planificación de lo que resta por ampliar en la mencionada ruta, cuyo estado afecta a comerciantes, turistas y transportistas que viajan por la costa sur del país. Hasta ahora se desconoce cuánto tiempo podría llevar el proceso para la nueva licitación.
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El análisis
Dicha mesa técnica está integrada por los ministerios de Comunicaciones y de Finanzas Públicas (Minfin), así como por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).
Aunque la mesa está en fase de conocimiento, análisis y propuesta de solución de los proyectos, algunas dependencias ya han utilizado sus opiniones como justificación para levantar la suspensión de obras que estaban retenidas, como la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee), que reactivó la construcción de las escuelas Bicentenario.
Esta instancia tiene previsto presentar un plan de viabilización de proyectos judicializados, suspendidos o detenidos, el próximo 29 de julio, luego del análisis que se ha efectuado en los últimos meses.
Caso penal
La planificación para volver a licitar la ampliación de esta ruta ocurre en un momento convulso, luego de que, la semana pasada, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, presentó el caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad (fase de Odebrecht).
En este caso, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por solicitud de la Feci, ordenó la captura del exjefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por supuestamente haber favorecido a empresarios de la constructora que presuntamente le ocasionaron pérdidas al Estado de Guatemala por más de Q3 mil millones.
El anuncio fue recibido con sorpresa en el CIV, ya que en este momento están planificando el proyecto, dijeron funcionarios de la cartera.
Los consultados aseguraron desconocer los alcances que pueda tener ese caso en la nueva licitación del tramo carretero, pero señalaron que, por ahora, continúan en la planificación, pues consideran que las acciones penales son independientes de dicho proyecto carretero.
¿Impedimento?
Al ser consultado, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicó que no podía indicar si con esa orden de captura existe algún impedimento legal para que se retome la ampliación y rehabilitación de la CA-02 Occidente.
“De ese tema no puedo pronunciarme”, respondió Curruchiche vía mensaje.
Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas respondió que el proyecto fue incluido en la mesa técnica, con el entendido de que se podía solventar legalmente; sin embargo, en el caso específico de esa institución, deben agotarse las instancias legales correspondientes, aunque no pudieron ampliar detalles porque, según explicaron, el caso se encuentra en reserva.
Contrato señalado
El CIV le adjudicó en el 2012 la ampliación a cuatro carriles de la CA-02 Occidente a la empresa Norberto Odebrecht. El contrato, por Q3 mil millones, se otorgó durante la gestión de al frente de ese ministerio de Alejandro Sinibaldi.
La construcción quedó interrumpida después de que el Ministerio Público y la ahora extinta Cicig revelaron que la constructora habría pagado US$17.9 millones en sobornos a cambio de que le adjudicaran la construcción de carreteras.
El proceso penal, que se inició en el 2018, sigue activo en el Sistema Judicial. Varios de los acusados, entre ellos la exasistente del entonces ministro Aneliese Herrera, han sido condenados por lavado de dinero. Otros de los procesados han sido absueltos o se les ha dejado fuera del expediente.
Un fallo reciente de la Corte de Constitucionalidad reactivaría la apertura a juicio en contra del exministro. Sin embargo, la defensa de este advirtió de que la resolución no es definitiva.
Estado de la ruta
Algunos aspectos sobre la ampliación de la CA-2 Occidente, conexión entre Suchitepéquez y San Marcos:
Los trabajos debían concluir en dos años y seis meses.
Desde el 2016, el tramo quedó en abandono y en el trayecto actual hay partes de cuatro carriles que se reducen a dos, sin señalización, ya que no se concluyeron los trabajos.
Odebrecht hizo trabajos en 43 de los 140 km entre Cocales y Tecún Umán, pero quedaron 97 km pendientes.
Según el CIV, mientras se termina de planificar la ampliación a cuatro carriles, se avanza con la habilitación del cruce de San José El Ídolo a San Bernardino, Suchitepéquez.
US$384 millones fue el monto de la obra contratada en el 2012.
