APG señala que modificaciones al acuerdo de Codisra violan la Constitución
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que “rechaza categóricamente” la reforma aplicada al Acuerdo 189-2024, publicado el viernes 22 de noviembre en la sección legal del Diario de Centroamérica.
Considera que dicha reforma “podría convertirse en un instrumento para coartar la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento”.
Agregó que dicho acuerdo reforma el Acuerdo 390-2002 que dio vida a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra); sin embargo, en la reforma aplicada al Artículo 2. Literal L, se confiere al ente presidencial la facultad de “monitorear medios de comunicación para denunciar casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas”.
A criterio de la APG, “dicha reforma es una mordaza para el ejercicio del periodismo, por lo que se convierte en una clara violación de la Carta Magna”, pues atenta contra la Libre Expresión del Pensamiento, expresada en el Artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala.
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Indicó que es válido mencionar que ninguna ley ordinaria es superior a la ley suprema de la República, por lo que la “APG se reserva el derecho de accionar legalmente para dejar sin efecto esta reforma”.
Lamentó que el propio presidente de la República, Bernardo Arévalo de León haya sido quien firmó la reforma al acuerdo en mención, pues hace algunos días, fue signatario de la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión, donde refrendó su compromiso personal y de su gobierno para respetar, garantizar y defender la libertad de expresión.
Añadió la APG que la declaración firmada por el mandatario guatemalteco en México, consigna que “la libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin”.
“La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; y pertenece a los seres humanos, no al poder”, destacó el comunicado.
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En un comunicado de prensa emitido el sábado 23 de noviembre, diversas organizaciones indígenas explicaron que “en ningún momento restringe el derecho constitucional de garantizar la libre emisión del pensamiento”.
